Al Gobierno nacional que ni se le ocurra presentar al congreso otro proyecto de reforma tributaria, sin explicar su texto simultáneamente con las organizaciones sociales, los gremios, la clase económica y política y, con los diferentes estamentos de la sociedad colombiana.
Corresponde al presidente de la Republica velar por los recaudos públicos y su aprovechamiento e inversión, a quien compete la iniciativa de contenido económico. El Congreso hace las leyes, con las cuales se ejecuta los planes nacionales de desarrollo y se hacen las inversiones públicas, queda claro en sede de quienes recaen estas responsabilidades.
Sin embargo, si quieren evitar que regrese la anárquica situación de paro y sus graves consecuencias, debe dársele importancia al pueblo colombiano para que conozca el nuevo texto de la iniciativa, a través de los mecanismos idóneos, porque con otro paro perdemos todos.
El presidente Iván Duque, debe reconocer que la situación del país no es estable, de alguna u otra manera hemos sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus y el paro nacional, es decir, el escenario es impredecible.
La pandemia, por los muertos y los puestos de trabajo que se perdieron, y el paro, por la violencia que generó, junto con la inestabilidad y los detrimentos ocasionados a la economía nacional, dicen los expertos que Colombia retrocedió como mínimo 15 años, en materia económica.
A raíz de estos hechos, la canasta familiar subió de precio mínimo un 40 o 50 por ciento debido al paro, y lo peor, los precios no volvieron a bajar, o sea aumentó el costo de vida. Ejemplo: Un flan de huevos en Neiva costaba entre 8.000 y 9.000 pesos, subió a 14 y 15 mil pesos. Luego del paro el precio sigue igual y las autoridades ni se inmutan.
La pandemia y el paro pusieron contra las cuerdas las instituciones del Estado y desocuparon los bolsillos de los colombianos más pobres, que no tienen de donde sacar ni para suplir las necesidades más apremiantes.
Fue tan peligrosa la situación que forzaron la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, el funcionario de mayor confianza dentro del gobernante Uribismo, quien salió despavorido del cargo o el orden público hubiera empeorado con consecuencias impredecibles.
Debemos respetar las instituciones y la potestad del Estado en el manejo del orden público, no hay duda. Sin embargo, en el Palacio de Nariño, pensaron que estábamos en los albores del uribismo, cuando presentaron la reforma, que tuvieron que retirar después en medio de una truculenta situación de orden público.
Cuando el uribismo surgió, veían maravillados las ejecuciones del entonces presidente Uribe y aguantaban todo, inclusive la prohibida reelección. Ahora las cosas son diferentes y la tranquilidad se tradujo en tensa calma.
No debe enfrentarse el presidente Iván Duque, ni confiarles la reforma a funcionarios pretensiosos, jactanciosos y obnubilados con el poder e irrespetuosos con el pueblo, que es el que recibe los beneficios o sufre las consecuencias de los logros y las salidas en falso del gobierno y sus funcionarios y, es el que vota.
No hacerles caso a los trinos responsabilizando a dirigentes políticos y a X o Y persona, ni a quienes se les acusa de incitar y organizar las protestas, estos mensajes, parecen más un panegírico al ex presidente Uribe, que un verdadero aporte a solucionar los problemas, no es bueno exigir desde Bogotá sin venir a decirlo en la provincia donde está el ojo del huracán.
El ejecutivo y el legislativo, tienen sus competencias en materia fiscal y deben estudiar cuidadosamente que hay muchos hogares hoy en donde no tienen como darles un plato de comida a sus hijos y de repeso reciben otra confiscatoria reforma tributaria.
Las reformas y las amnistías tributarias históricamente se tramitan para optimizar los recaudos y aumentar los tributos al erario nacional, que entre otros puntos quiere más y más dinero, pero les traslada cada día más obligaciones a las entidades territoriales, en detrimento de principio de descentralización territorial.
Los dirigentes políticos son los que menos han terciado en estos paros, es el pueblo y los gobernantes departamentales y municipales, quienes han trabajado para que la situación no empeore a raíz de las protestas, por ello existe el peligro de que se reinicien si no hay soluciones, y esto no es bueno para la democracia, ni la estabilidad de un pueblo.
