En el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo se señala la población aledaña de estos embalses. La Policía Nacional reporta 29 casos de amenazas en el Huila; Neiva es donde más afecta este flagelo. En todo el país van 3.705 personas desplazadas. Preocupa el municipio de La Plata e Íquira.
Diario del Huila, Investigación
REDACCIÓN NEIVA
En el más reciente informe publicado por la Defensoría del Pueblo este año advierte como foco de desplazamiento en el Huila las personas aledañas de las represas de El Quimbo y Betania.
“Durante el transcurso del año, en las zonas de los embalses de Quimbo y Betania, se han registrado diversos hechos victimizantes perpetrados por grupos armados ilegales presentes en la región. Entre los sucesos más recurrentes se encuentran homicidios, amenazas, atentados y desplazamientos forzados individuales, que han impactado de manera significativa a las comunidades pesqueras locales. La persistencia de homicidios y otros incidentes representa un riesgo constante de desplazamiento para la comunidad en general”, señala el informe.
No es para menos, en septiembre de este año cuando la Defensoría lideró una mesa interinstitucional en Gigante con la comunidad pescadora, se estimaba que las víctimas por homicidio eran seis. Un verdadera amenaza para toda la comunidad que vive de esta actividad artesanal.
Otros hechos de miedo
Aunque a la fecha la Fiscalía no tiene resultados contundentes que revelen las causas de estas muertes, se sabe que un representante de los pescadores también fue objeto de un atentado; la población también recibió amenazas.
Aunque muchas entidades gubernamentales atendieron este alerta, a la fecha muchas familias siguen con la zozobra. En su momento la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO), alertó a las autoridades nacionales, al gobierno del Departamental y a los organismos de control, sobre la sistemática violación a los derechos humanos representada en “hostigamientos, amenazas y asesinatos de las que vienen siendo víctimas los pescadores y pescadoras artesanales de los municipios de Gigante, Hobo y Campoalegre en el Departamento del Huila”.
Las víctimas
El día 26 de junio de este año, Nelson Medina Muñoz (41 años), pescador artesanal y miembro de Asoquimbo, fue asesinado en su lugar de residencia ubicada en el poblado de Puerto Seco del municipio de Gigante. Lo que se estableció preliminarmente es que dos sujetos llegaron hasta el lugar, supuestamente a robarlo, y le dispararon a la cabeza.
“El asesinato de Nelson Medina precede a una serie de asesinatos, amenazas, extorsiones y hostigamientos que han sido dirigidas de manera exclusiva a los pescadores artesanales de la zona y que han dejado como resultado la intimidación de la comunidad, el desplazamiento del río y las áreas ribereñas y la prohibición de su oficio tradicional: la pesca artesanal, única fuente de sustento”, señaló en su momento en su portal oficial Asoquimbo.
Pero esto no es todo, un día anterior al crimen de Nelson, los pescadores Hugo Armando Trujillo y Maribel Arce Piedrahita aparecieron muertos a las orillas del embalse de Betania (las Farc-frente Rodrigo Cadete-, se atribuyó su muerte).
Meses atrás (18 de abril) segaron la vida del pescador Carlos Andrés Sánchez. Su cuerpo lo encontraron sin vida en la vereda Los Guásimos de Hobo. Los desplazamientos se convirtieron en el pan de cada día, Enot Tovar, por ejemplo, en abril de este año abandonó su tierra en Puerto Maco, junto con su familia. Tuvieron que hacerlo pues temían por su vida.
Lugo vino la quema de sus ranchos, “robo y destrucción de herramientas de pesca, planfletos exigiendo abandonar la zona, cartas extorsivas exigiendo dinero para permitir el desarrollo de las actividades de pesca y llamadas telefónicas amenazantes”, relató en su momento Asoquimbo.
Este medio de comunicación intentó comunicarse con Jennifer Chávarro, vocera de Asoquimbo, pero fue imposible obtener una respuesta relacionada con la situación actual de los pescadores.
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Situación en La Plata e Íquira
Desde mediados de año se vienen registrando amenazas y hostigamientos a la Fuerza Pública en zona rural del municipio de La Plata. Recientemente se conocieron nuevos videos donde la guerrilla reúne a la comunidad en zona veredal y les da ‘recomendaciones’ del comportamiento ciudadano.
Esta misma situación han denunciado pobladores de Íquira, allí señalan que el corregimiento Valencia de la Paz está bajo el control total de la guerrilla, pese a que el Ejército está a por lo menos un kilómetro de la zona. El domingo pasado un joven fue asesinado supuestamente por este grupo guerrillero, y hace menos de un mes otras dos personas vecinas de este lugar corrieron la misma suerte. Las reuniones y la zozobra son constantes.
Las amenazas, según la Policía
De acuerdo con el informe estadístico de la Policía Nacional, en lo que va corrido del año se han registrado 29 amenazas, así: 20 corresponden a la ciudad de Neiva; dos en La Plata; uno en Aipe; cuatro en Pitalito; una en Timaná.
Todas las amenazas registradas por la Policía tienen que ver con arma blanca y se sitúan en zonas urbanas del departamento.
El desplazamiento en el país
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante el mes de octubre de 2023, se registró un
total de 35 eventos de desplazamiento forzado en el territorio nacional, distribuidos de la siguiente manera: 8 desplazamientos forzados masivos, 7 casos de confinamiento y 20 situaciones de riesgo de desplazamiento o confinamiento. “Estos incidentes son, principalmente, el resultado de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en diferentes regiones del país. Existen otras causas que contribuyen a la generación de situaciones vinculadas al desplazamiento forzado, el confinamiento y riesgo de desplazamiento o confinamiento, como amenazas dirigidas a la población civil, homicidios selectivos, presencia de minas antipersonales (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI)”, recalcó la Defensoría.
En ese sentido esta entidad reporte ocho eventos de desplazamiento que equivalen a 1 303 familias desplazadas, lo que significa que 3 705 personas han sido desplazadas. Además se reportan 21 comunidades confinadas; 20 reportes de riesgo de movilidad humana forzada.
Preocupa situación de La Plata
La Defensoría del Pueblo hace unos días alertó sobre el desplazamiento masivo de 867 personas de 14 veredas del corregimiento San Miguel, jurisdicción de La Plata, occidente del Huila.
Son 242 familias, compuestas por 398 menores de edad y 469 adultos, mayoritariamente campesinos e indígenas, las que llegaron –luego de los enfrentamientos-, al casco urbano del municipio de La Plata, donde la Defensoría del Pueblo adelanta una misión humanitaria para brindar atención especializada, de manera particular, a la población de San Miguel.
La entidad nacional garante de los derechos humanos, en labor conjunta con la Personería municipal, entonces llevó a cabo el proceso de toma de declaraciones a la población desplazada, así como la verificación y el seguimiento a la entrega de ayudas humanitarias que viene haciendo la Alcaldía municipal y la Gobernación del Huila.
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