Por: Vólmar Pérez
Desde el pasado 29 de abril se vive en Colombia un ambiente de agitación social que ha provocado movilizaciones en diferentes regiones del país que motivó -según se ha dicho- la presentación ante el Congreso del proyecto de reforma tributaria que resultó ser inoportuno en momentos en que estamos atravesando por una muy compleja y difícil coyuntura como consecuencia de la pandemia, tal como lo revelan las estadísticas que se conocen sobre el incremento de la pobreza, el desempleo, el cierre de microempresas, restaurantes y establecimientos comerciales. Todo ello completa un cuadro que refleja el desaliento de muchos y la interrupción del ritmo con que se proyectó iba a crecer la economía antes de la pandemia.
Es claro que el derecho a la protesta tiene protección constitucional y es comprensible que por la situación que estamos viviendo haya desasosiego, malestar ciudadano. Pero una cosa son las angustias de quienes más han sido afectados por la pandemia y de quienes podían ser afectados por la reforma tributaria, de haberse aprobado, haciendo más gravosa su situación, que tienen el legítimo derecho a expresarse, y otra cosa es la violencia de los vándalos contra los bienes del Estado, las sedes de los bancos, establecimientos de comercio, los buses de Transmilenio -por donde se transportan los más necesitados- y los CAI, entre otros. El vandalismo ya no es protesta social porque adquiere la categoría de fenómeno delincuencial y quienes acuden a esos métodos violentos deben ser puestos a buen recaudo. También se habla de excesos de la policía, que deben investigarse y sancionarse. La fuerza pública debe ajustar su actuación dentro del marco de los límites de la persecución del delito y garantizar los derechos y libertades ciudadanas.
Este es un momento en el que los dirigentes del país deben obrar con serenidad y responsabilidad pensando más en los intereses nacionales que en obtener réditos de lo que está sucediendo porque lo contrario conduce a la anarquía y a la desestabilización del país. El Presidente tuvo que reemplazar al ministro Carrasquilla -inspirador del proyecto de reforma tributaria- para buscar consensos con las fuerzas políticas que tienen asiento en el Congreso y lograr acuerdos con los distintos estamentos y las diferentes expresiones de la sociedad sobre puntos específicos de la política social. El nuevo Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, así lo ha entendido y, según los primeros anuncios, la meta que se ha propuesto parece ser más equilibrada y menos ambiciosa. Se ha dicho que no se requiere ninguna reforma tributaria, que sería lo ideal, lo cierto es que se necesita incrementar el recaudo para poder atender los programas sociales, pero el estrictamente necesario, sin afectar a la clase media y la canasta familiar buscando siempre que los que más pueden sean los que más tributen. Se le debe otorgar prioridad a otras alternativas para obtener recursos, que ya hemos comentado.
Del mismo modo, debe promoverse un acuerdo previo sobre el contenido del proyecto de ley que reforma el sistema de salud, porque ya se percibe mucha animosidad sobre esa iniciativa.
