Según la Fiscalía la exrectora habría permitido que sus estudiantes fueran abusadas sexualmente por cabecillas paramilitares.
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que respaldan las acusaciones contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá (Santander), y José William Parra Arroyave, señalado particular.
Ambos fueron declarados culpables de facilitar actos violentos y desproporcionados contra la población civil del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró en juicio que entre 2001 y 2003, la señora Gutiérrez de Moreno permitió que algunas de sus estudiantes fueran víctimas de abusos sexuales sistemáticos por parte de cabecillas de la estructura criminal. Las jóvenes eran presentadas y ofrecidas en eventos como bazares y reinados de belleza, mientras la rectora facilitaba las agresiones en la oficina de la institución educativa.
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La condena impuesta por un juez penal especializado de Bucaramanga fue de 20 años y 9 meses de prisión para Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, quien fue hallada culpable de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. La sentencia ordenó su captura inmediata para cumplir la pena en un establecimiento carcelario.
Por otro lado, José William Parra Arroyave, señalado como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, fue condenado a 24 años y 2 meses de prisión por su papel en el reclutamiento forzoso de menores de edad. Se comprobó que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal, resultando en abusos sexuales contra uno de los jóvenes.
La investigación que llevó a estas condenas se realizó bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, el anterior sistema penal colombiano.
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