27 integrantes del Ejército que operaron en Huila entre 2005 y 2008 admitieron ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación en ‘falsos positivos’.
Los militares aceptaron los planes para exhibir homicidios perpetrados en combates simulados, con la intención de crear una falsa sensación de seguridad en la población civil y obtener beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional.
Entre los militares que aceptaron, se encuentran Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, antiguos comandantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), y Leonardo Ayala Remolina, excomandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11), adscrita a la IX Brigada. Además, los oficiales de la plana mayor de BIPIG y BIMAG reconocieron su responsabilidad.
En el marco del Caso 03, que investiga los mal llamados ‘falsos positivos’, tres mayores, tres capitanes y seis suboficiales, junto con soldados profesionales, aceptaron su participación en la comisión de 200 asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.
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No aceptaron
A pesar de la abrumadora evidencia testimonial y documental, algunos mayores generales y generales no reconocieron responsabilidad.
“Pese a la amplia evidencia testimonial y de documentos militares contrastados por la Sala de Reconocimiento, los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca manifestaron que no reconocen responsabilidad.
Por su parte, el teniente coronel Carlos Yair Salamanca Robles y el mayor Ángel Fernando Carvajal Rojas tienen plazo hasta el 2 de febrero para informar si reconoce o no responsabilidad. Y, en el caso del mayor Félix Juan Carlos Araque, tiene hasta el 5 de febrero para radicar su respuesta”, manifestó la JEP.
Una vez venza el plazo fijado por la Sala de Reconocimiento, se programará la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, donde los comparecientes se referirán públicamente a los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación. Aquellos que no reconocieron responsabilidad se enfrentarán al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
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