El pliego de cargos en su contra se da por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Túnel del Toyo, ubicado en el municipio de Giraldo, a 70 kilómetros de Medellín.
Según la Procuraduría, el exgobernador Fajardo Valderrama habría suscrito directamente un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para la administración y pagos de los recursos asignados al proyecto, por un valor superior a 1,3 billones de pesos. Sin embargo, se sostiene que la contratación adecuada requería la convocatoria de una licitación pública para contratar una fiducia.
La Procuraduría argumenta que Fajardo Valderrama estaba en conocimiento de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos y que se acordaron responsabilidades mutuas para el éxito del proyecto. Además, señala que el Idea no tenía la capacidad legal para asumir las obligaciones establecidas en el contrato, ya que no es una sociedad fiduciaria y no cumple con los roles y funciones requeridos.
El órgano de control afirma que no era jurídicamente viable que el gobernador Fajardo suscribiera un convenio que modificara de manera irregular el convenio interadministrativo original, permitiendo así la suscripción directa de un contrato interadministrativo con el Idea, sin llevar a cabo un proceso de selección objetiva mediante licitación pública.
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La Procuraduría también destaca que Fajardo Valderrama aparentemente actuó de manera irresponsable en el ejercicio de su función al permitir y habilitar la modificación ilegal del convenio interadministrativo, sin contar con la participación de las entidades estatales involucradas inicialmente. Esta acción supuestamente violó los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación estatal, con el objetivo de transferir la administración y gestión de los recursos destinados al Proyecto Túnel del Toyo al Idea.
En consecuencia, el Ministerio Público califica la conducta aparente del exgobernador como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Por otro lado, se archivó la investigación para Aníbal Gaviria Correa, quien era alcalde de Medellín en ese momento, así como para otros funcionarios involucrados, incluyendo a Paula Cristina Arboleda Jiménez, exdirectora administrativa de Antioquia; Juan Sebastián Camargo Tobón, exgerente de Proyectos Estratégicos del departamento; Sandra Velásquez y Rodrigo Echeverry Ochoa, exdirectores administrativos de la Secretaría de Infraestructura.
También se archiva para Héctor Alonso Gómez Giraldo, subsecretario técnico de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín; Juan Martín Salazar Vélez, asesor de ese despacho; Lina Marcela Moncada Hincapié, exdirectora financiera de Proyectos Financieros de Antioquia; Juan Carlos Rengifo Ramírez, exgerente de Proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura y el representante del Instituto Nacional de Vías, Orlando Ortiz Gómez.
