El Consejo de Estado dio a conocer la suspensión del decreto que le daba dichas funciones al presidente Gustavo Petro.
El Consejero de Estado Roberto Serrato Valdés, integrante de la Sección Primera de la Corporación, ha accedido al decreto de la medida cautelar solicitada por los ciudadanos y abogados Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao. La medida cautelar se refiere a la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023 «Por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones».
El Consejero de Estado ha decidido adoptar la medida cautelar de urgencia sin previa notificación a la parte demandada, el Presidente de la República, puesto que es considerada una medida impostergable en atención a la temporalidad de la decisión administrativa materia de control. La suspensión inmediata de los efectos del acto acusado impide al Presidente de la República asumir las funciones asignadas a las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios.
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La decisión de suspender provisionalmente el Decreto 227 de 16 de febrero de 2023 se sustenta en dos argumentos. En primer lugar, se encontró que se omitió el deber de publicar el proyecto de acto administrativo regulatorio demandado por el término de quince días que señalan las normas aplicables. En segundo lugar, el Despacho consideró que el acto acusado transgredió de manera manifiesta las normas invocadas por los demandantes, ya que la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente a las comisiones de regulación de los servicios públicos.
La decisión señala que la norma constitucional dispone que la ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como el régimen tarifario, mientras que el presidente de la República tiene la función de adoptar las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y el ejercicio del control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan.
