El Congreso de la República, aprobó el último debate del Acto Legislativo que permite modificar el porcentaje de las transferencias a los entes territoriales del país, al pasar del 23,8% al 39,5% en un periodo de 12 años. Dadas las situaciones fiscales que han venido teniendo las finanzas públicas durante las últimas tres décadas, que siempre han estado en un abultado déficit, que ha obligado a los anterior gobiernos nacional a impulsar reformas tributarias desde la vigencia de 1991, cuando entraron en vigencia los actuales topes, para poder atender el creciente gasto público que durante el último bienio, se han incrementado de manera irracional, sin tener en cuenta el decremento de los ingresos tributarios y que tiene al ejecutivo, en jaque, porque no ha logrado equilibrar las finanzas públicas nacionales. Somos conscientes que las regiones necesitan mayores recursos para financiar los planes de inversión contemplados en sus planes de desarrollo. Por tal motivo todos los sectores de la opinión pública, los congresistas sectores políticos, gobernadores y alcaldes, se sienten muy felices con la aprobación de esta iniciativa. Con ella, se aumentarían los recursos que el Gobierno gira a las regiones. Pero hay un serio problema. ¿De dónde van a sacar los recursos los próximos gobernantes para dar cumplimiento a este mandato constitucional?
Muchos expertos coinciden que se busca trasladar las responsabilidades nacionales hacia las regiones. Inclusive, otros van más allá. La corrupción se traslada del orden nacional al ámbito territorial, dadas las denuncias e investigaciones que tienen los organismos de control por la forma como se han hurtado el erario. La reforma al Sistema General de Participaciones le pondrá un reto difícil al gobierno nacional, para cumplir con lo preceptuado en este Acto Legislativo. Hasta el Gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, expresó que las decisiones monetarias que se adopten en el futuro deben ser muy bien planeadas y cautelosas, con la disminución de la política monetaria ante este desafío. Además, que los compromisos que el Gobierno central tendrá que asumir con la aprobación de dicha reforma, le van a agregar un factor de incertidumbre en los próximos años a las finanzas públicas pues van a incrementar en varios puntos del PIB las necesidades de giros a las regiones.
El texto aprobado por el legislativo condiciona su entrada en vigor a la expedición de una ley de competencias, que debe dejar claros cuáles son las funciones del nivel central que pasan a las regiones. Este va a ser el punto de discordia, para los futuros gobernantes. Será que el gobierno de Gustavo Petro va a disminuir la abultada fronda burocrática que ha creado y que, con la aprobación de esta iniciativa, va a reducir el alto número de activistas que tiene laborando en las dependencias a su cargo. Todos sabemos que eso nunca va a suceder.
