El Gobierno ha presentado un nuevo ambicioso proyecto de ley de Reforma Laboral ante el Congreso de la República.
La iniciativa, liderada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señala que busca asegurar el respeto a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades y la protección de los trabajadores.
Con un total de 92 artículos, el proyecto se centra en materializar el trabajo decente como un «pasaporte de ciudadanía» y en fortalecer las garantías de estabilidad laboral y formalización del empleo con justicia social. La iniciativa busca alinear la legislación nacional con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los tratados internacionales en derechos humanos suscritos por Colombia y las decisiones de las altas corporaciones de justicia en materia laboral.
En línea con el principio de estabilidad laboral, el proyecto propone nuevas formas de contratación que permitan transitar hacia relaciones laborales más justas. Entre ellas se incluyen contratos de trabajo doméstico, agropecuario, de aprendizaje y vinculación a plataformas digitales tecnológicas de reparto. Esta medida busca fomentar la economía formal y priorizar los micronegocios en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo.
Le puede interesar: Opositores piden evaluación médica para el presidente Petro
Jornada laboral
En cuanto a las jornadas laborales, se establece que la diurna abarcará de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que la nocturna será de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. La duración máxima de la jornada laboral diaria será de ocho horas, con un total de 42 horas semanales. La distribución de la jornada semanal podrá ser acordada entre empleador y trabajador, asegurando siempre el día de descanso sin afectar el salario.
El proyecto también incluye medidas enfoque diferencial para combatir la discriminación de género en el ámbito laboral. Se implementa el principio de igual salario por igual valor y se prohíben prácticas discriminatorias contra mujeres embarazadas o víctimas de violencias basadas en género. Además, se establecen nuevas obligaciones del empleador hacia las mujeres víctimas de violencias, como el apoyo, reubicación y otros deberes.
En relación al trabajo doméstico y de cuidado, el proyecto busca la legalización contractual para cerrar brechas y garantizar derechos en sectores históricamente precarizados.
