La más grande humillación que ha tenido la fuerza pública a través del periodo de la república, la padecieron 87 integrantes del Esmad enviados desde Neiva, por centenares de guerrilleros, indígenas y campesinos raspachines en el sector de Los Pozos en jurisdicción del municipio caqueteño de San Vicente del Caguán. Desafortunadamente es producto del proceso de debilitamiento progresivo de los integrantes del aparato armado del país, con el fin de impulsar el fortalecimiento de todas las organizaciones subversivas que tenemos en Colombia. Lo anterior ha venido teniendo un rechazo de la sociedad colombiana, que se encuentra desesperada por el irracional accionar de estas organizaciones que cada vez están generando un aumento de inseguridad y de violencia afectando el bienestar de las familias colombianas, así digan lo contrario el equipo de gobierno, que se encuentran formulando políticas públicas que van en contravía de la realidad social, económica y política del país.
Estos integrantes de la fuerza pública han sido sometidos a las más grandes humillaciones y vejámenes contra su integridad física. Inclusive un policía fue degollado con un puñal y una persona civil falleció. Ha sido una afrenta contra esta institución insigne de la patria, con la anuencia del gobierno nacional. Lo anterior no puede continuar sucediendo. Todos los días ocurren bloqueos y atentados contra los integrantes de las fuerzas militares y de la fuerza pública. Se ven impotentes para detener el avance del accionar criminal de estas organizaciones. Inclusive los quieren dejar libres para cumplirles el pacto de la picota. Inclusive el escándalo que se suscitó hace dos días, donde se ven involucrados un hermano y un hijo del presidente; así se evidencia, por los negociados que estaban realizando con algunos cabecillas de grupos delincuenciales, a través de negociados, que deberán ser investigados por la Fiscalía General de la Nación, para determinar su veracidad o culpabilidad.
Detrás de todo lo anteriormente expuesto está el narcotráfico, que el mismo gobierno nacional a través de su accionar gubernamental, ha querido estimularlo de manera sublimal, generando un aumento de las áreas cultivadas de coca y marihuana en algunas regiones del país. Por este motivo, los Estados Unidos ha lanzado una voz de alerta al gobierno nacional. Colombia debe mantener un robusto programa de erradicación forzosa de cultivos de coca, expandir la erradicación voluntaria y aumentar las operaciones de interdicción de cocaína y precursores químicos si es que quiere alcanzar la paz. Así lo ha expresado el primer mandatario de los estadounidenses, Joe Biden al presentar al Congreso de su país la primera evaluación sobre la lucha antinarcóticos desde que asumió la presidencia el presidente Gustavo Petro. También indica que el país necesita ampliar la presencia estatal en zonas rurales y crear las condiciones para que prosperen los programas de desarrollo y sustitución de cultivos.
