La imputación está relacionada con 130 casos de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos durante el periodo en que Montoya Uribe estuvo al frente de la IV Brigada del Ejército, entre los años 2002 y 2003.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, así como a oficiales y miembros de unidades militares bajo su mando, por crímenes de guerra y lesa humanidad.
De los 130 crímenes documentados, 53 personas fueron asesinadas en el 2002 y 77 en el 2003. De ellas, 113 eran hombres, once niños, cinco eran mujeres y cuatro niñas.
Las imputaciones también se extienden a otros oficiales, incluyendo tenientes coroneles, subtenientes, un teniente y un soldado regular, quienes pertenecieron al Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES) y fueron retirados del Ejército Nacional. La JEP sostiene que los imputados ejercieron presiones indebidas para aumentar el número de bajas en combate, lo que habría llevado a la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad bajo la fachada de operativos militares legítimos.
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El caso se enmarca en una serie de acusaciones relacionadas con los llamados ‘falsos positivos’, una práctica en la que civiles inocentes eran presentados como guerrilleros abatidos en combate para inflar las cifras de bajas y obtener reconocimientos dentro de la institución militar. La JEP destaca la presión por obtener resultados a toda costa, incluso empleando un lenguaje violento y exaltando el derramamiento de sangre.
La JEP subraya que esta imputación busca abordar la responsabilidad de los máximos líderes en estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, debido a su posición de liderazgo y capacidad de influencia en la cadena de mando. La decisión se basa en un riguroso proceso de investigación que ha documentado los casos y ha determinado que los patrones de comportamiento de estas unidades militares se alineaban con la comisión sistemática de los crímenes imputados.
La JEP insta a los imputados, incluido el excomandante Montoya Uribe, a reconocer su responsabilidad y a colaborar con el proceso de justicia y verdad. La imputación resalta la necesidad de abordar de manera contundente las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado en Colombia.
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