La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha expresado en un concepto presentado ante la Corte Constitucional que el decreto que estableció el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira (Decreto 1085 de 2023) es inconstitucional.
En su análisis, la jefa del Ministerio Público argumentó que el decreto en cuestión declara una emergencia basada en circunstancias que no son repentinas y que podrían ser abordadas a través de los mecanismos normales ya existentes en el marco legal. Cabello Blanco señaló que, aunque no se subestima la gravedad de la crisis que afecta al acceso a servicios básicos en La Guajira, esta problemática se origina en factores estructurales que deberían ser afrontados por las autoridades mediante una gestión adecuada de las herramientas institucionales disponibles, sin necesidad de otorgar poderes extraordinarios al Gobierno nacional.
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La Procuradora General enfatizó que el Gobierno debe cumplir con las órdenes de atención a la población emitidas por la Corte Constitucional en relación con la Sentencia T-302 de 2017, la cual declaró un estado de cosas inconstitucionales en La Guajira debido a la crisis social y económica en la región. Asimismo, resaltó que el Gobierno debe implementar eficazmente las políticas públicas diseñadas para abordar las dificultades crónicas del departamento y aprovechar las medidas especiales contempladas en la Ley 1523 de 2021 para gestionar riesgos, calamidades y desastres relacionados con factores climáticos.
Cabello Blanco también expresó su preocupación por la utilización del estado de emergencia como herramienta para obtener facultades legislativas excepcionales, enfatizando que esta medida no debe ser instrumentalizada para resolver problemas estructurales o crónicos. Según la Procuradora General, el enfoque debe centrarse en abordar estas cuestiones de manera coherente con las disposiciones de la Carta Política y las instancias establecidas por el legislador y la Corte Constitucional.
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