La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó este viernes la suspensión de derechos en El Salvador por la prórroga del estado de excepción en el país, y exigió al gobierno de Nayib Bukele que mejore las condiciones ‘deplorables’ en las que están los miles de detenidos.
A través de un comunicado el organismo, señaló que, “La CIDH llama al Estado salvadoreño a adoptar las medidas requeridas para reducir el hacinamiento a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como a garantizar condiciones de detención dignas”.
Así, el Congreso salvadoreño aprobó el régimen de excepción a finales de marzo y lo extendió hasta finales de junio para conferir poderes especiales al Gobierno de Nayib Bukele a fin de emprender su guerra contra las pandillas tras una escalada de homicidios.
Por tanto, la CIDHexplicó que le preocupa las prórrogas del régimen de excepción y las consecuentes restricciones a los derechos humanos, ya que la suspensión de garantías no constituye un medio para enfrentar la criminalidad común. Asimismo, reprochó las deplorables condiciones de detención que existen en las prisiones salvadoreñas, como constató el organismo en una visita al país en 2019, y que se habrían agravado bajo el régimen de excepción.
Según datos oficiales citados por la CIDH, más de 36.000 personas habrían sido detenidas bajo el régimen de excepción, y al menos 21 habrían perdido la vida mientras estaban privadas de libertad, de los que la mitad habrían muerto a golpes.
Recordó también que el Estado salvadoreño tiene el deber jurídico ineludible de garantizar la vida, la salud y la integridad de los arrestados, y urgió a reducir el hacinamiento, ofrecer una buena alimentación y atención médica, y a facilitar las visitas en las cárceles. Además, condenó la falta de información pública y precisa sobre las detenciones e instó a El Salvador a cumplir con su obligación de informar inmediatamente a la persona detenida, a sus familiares y a representantes sobre las razones del arresto.
Finalmente, el organismo ha recibido información de la sociedad civil sobre detenciones masivas arbitrarias, basadas en la edad, la condición socioeconómica y la apariencia física, como el hecho de tener tatuajes.
