La Contraloría General de la República llevó a cabo una inspección en la sede de la Cancillería, con el objetivo de asegurar pruebas relevantes en relación con un presunto caso de extorsión contra el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, en relación con el contrato de los pasaportes.
El incidente se remonta a principios de año, cuando el Ministro Leyva recibió mensajes telefónicos que ofrecían información confidencial sobre la licitación de los pasaportes. Según informes de la revista Semana, una serie de extensos chats revelan cómo los presuntos extorsionistas solicitaron grandes sumas de dinero al Ministro.
La Contraloría emitió una declaración sobre el asunto, expresando su preocupación y su compromiso con la investigación. La Dirección de Análisis, Información y Reacción Inmediata (DIARI) ha asumido el caso y desplegado sus facultades de policía judicial para llevar a cabo entrevistas e investigaciones pertinentes.
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Un equipo de expertos de la DIARI realizó una diligencia de inspección en las instalaciones de la Cancillería para recabar información adicional relacionada con las denuncias de extorsión en la licitación de pasaportes. El objetivo principal es asegurar pruebas que respalden cualquier acción legal que la Contraloría pueda emprender.
Entre las preocupaciones de la Contraloría se encuentra el posible uso de fondos públicos bajo la categoría de «Gastos Reservados» en este caso, y se compromete a determinar si dicho uso se ajusta a lo establecido por la ley. La investigación está en curso y se espera que arroje luz sobre esta delicada situación que ha sacudido a la Cancillería y al país en su conjunto.
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