!La crisis de carcelaria no puede ser solucionada por Neiva¡. En entrevista con Diario del Huila, el Personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas Vargas afirmó que el hacinamiento el Rivera y los CDT es la norma. Esto, según él, viene desde la misma política criminal nacional.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Gustavo Patiño
La grave crisis que viven las personas privadas de la libertad en Neiva tiene varias aristas y, pese a los esfuerzos que realiza, no podrá ser solucionada por la Alcaldía de Neiva en el corto plazo, así lo señaló el Personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas Vargas. Según el representante del Ministerio Público en la capital huilense, para entender la crisis que existe con la población que se encuentra privada de su libertad en Neiva hay que entender dos categorías, uno las personas ya condenadas y dos las sindicadas o a esperas de que les sea solucionada su situación.
Dos contextos
“En el caso de nuestro municipio de Neiva, tenemos digamos dos contextos que verificar”, aseguró el Personero, “el primero tiene que ver específicamente con la cárcel de Rivera. En este centro penitenciario y carcelario en promedio se tienen 1300 a 1400 personas, cuando la capacidad de la misma es sobre 900 personas, es decir que siempre permanece o por lo menos durante los últimos años y en este momento este establecimiento penitenciario está en condición de hacinamiento o de sobreocupación y es una constante”, aseguró Bastidas Vargas.
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La tuberculosis
Esto genera entonces que el tema de la salud sea muy complicado y difícil de atender o controlar, “desencadena que a diario tengamos reportes de casos de enfermedades, especialmente la tuberculosis, que es la que ha generado como una tendencia, luego se ha disminuido, en este momento entiendo que está muy disminuida, casi que desapareció, pero en cualquier momento vuelve y resurge nuevamente el virus, la infección y otra vez se altera el tema de la de los estados de salud”, afirmó el Personero.
Pero no solamente es el problema de la salud y la aparición frecuente de tuberculosis, sin servicios básicos como el agua y la energía, “el agua es uno de ellos, es un problema desde que se construyó este establecimiento viene presentando esta dificultad, todo es que el agua para consumo, es un agua que se extrae mediante un sistema de motobombas, es un agua subterránea y no es un sistema de acueducto propiamente dicho, entonces esto desencadena en que las condiciones del agua no son las mejores y eso a su vez trae otras consecuencias en la salubridad»
«El establecimiento ha ido presentando en los últimos meses una problemática con la energía, la cual se afectó por una situación externa, por un hecho de la naturaleza, un rayo quemó el transformador, el generador principal y esto desencadena pues que todo falle, entonces la comunicación allí falla, el servicio de alumbrado de energía misma falla y como las motobombas funcionan con energía, pues el sistema de agua también falla, entonces todo es una situación de caos completo”.
Clausuraron el rancho
Pero lo más preocupante para la Personería tiene que ver con la clausura del popularmente conocido ‘rancho’, lugar donde se preparaban las comidas, por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC desde el pasado mes de abril, lo que generó que los alimentos se tengan que preparar en la capital huilense y transportar hasta el centro carcelario, es decir 1400 desayunos, 1400 almuerzos y 1400 cenas, “más de 4000 porciones de alimentos diarias que hay que transportar de un lugar a otro y las condiciones no son las mejores, porque es mucho más costosa la operación no se transporta en recipientes individuales, sino que esto se transporta en canecas, en recipientes para cantidad no de calidad, entonces las calidades siempre fallan”, señaló Bastidas Vargas.
Esto, según el jefe de la Personería, será auditado en los próximos días por parte de la Contraloría General de la República, “se me informaba que va a haber una auditoría especial al tema del contrato de alimentación, precisamente por las múltiples denuncias que entre Defensoría del Pueblo y Personería hemos venido haciendo a diario desde que empezó este cambio de preparación de los alimentos, estamos hablando de la movilidad en una ciudad con un clima agreste, en unos carros o unos vehículos que no son los adecuados para transportar alimentos y en esas cantidades de comida difícilmente se puede evitar que la misma se afecte”.
Los CDT’s
En cuanto a los Centros de Detención Transitoria o CDT’s hay una serie de complejidades, originalmente, existían tres centros de este tipo, pero tras un motín en junio de 2024 en las bodegas de Alpina, donde se alojaban más de 350 personas en un espacio destinado para 200, se habilitó temporalmente la obra inconclusa de la Unidad Permanente de Justicia – UPJ para trasladar a algunos reclusos. A pesar de esta medida, el hacinamiento persiste, y las condiciones siguen siendo deplorables.
El centro de detención para mujeres, ubicado en el antiguo CAI del barrio Bogotá, y el antiguo CAI del Caguán, también enfrentan problemas similares, con una capacidad sobrepasada. En el caso del CAI del barrio Bogotá, diseñado para 15 personas, actualmente alberga a 36 mujeres, mientras que el CAI de El Caguán, con capacidad para 7, tiene 12 reclusos. En las bodegas de Alpina, a pesar de la reducción de la población gracias a que se logró el traslado de personas que ya han sido condenadas hacia la cárcel de Rivera, se sigue operando al límite de su capacidad, y en la UPJ, que aún no ha sido entregada oficialmente, se alojan 78 personas sin que se conozca su capacidad real.
El hacinamiento y las malas condiciones han llevado a situaciones de extrema tensión, como el intento de fuga registrado en junio de 2024 en las bodegas de Alpina, donde los reclusos protestaban por la mala calidad de los alimentos y otras condiciones adversas. Este intento de fuga, que resultó en el traslado de más de 100 personas a la UPJ, ha dejado en evidencia la precariedad del sistema de custodia y la falta de recursos para garantizar la seguridad.
Algunas mejoras
Bastidas Vargas reconoció que, aunque ha habido algunas mejoras en comparación con la situación anterior, estas han sido insuficientes. Las bodegas, por ejemplo, han recibido algunas adecuaciones, pero siguen siendo espacios inadecuados para la reclusión de personas. “se me indica que sí han habido unas mejorías en comparación a lo que era antes por lo menos a lo que venían siendo esos espacios que no se les invertía ningún tipo de recursos ni ningún tipo de adecuación».
«No obstante por más recursos que se le inviertan a estos espacios no terminan por cumplir toda una serie de lineamientos y de mínimos que se exigen para estos espacios porque digamos que el deber ser para estas personas independientemente del delito o de la falta que hayan cometido o que sea en proceso de verificarse si lo hicieron o no deberían de estar en unos espacios con condiciones mínimas de salubridad de espacios de luminosidad de zonas de ventilación libre . Y ninguna de estas situaciones allí se logra dar insisto en que se trata de unas bodegas. Y por más que usted adecue unas bodegas difícilmente se va a tener ese estado de acondicionamiento. Para un ser humano estar en esos espacios”, afirmó el Personero.
Estado de cosas inconstitucional
La Corte Constitucional, en una sentencia de 2022, ya había declarado el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario,. Señalando que «todo está mal» y que el sistema penitenciario falla en garantizar los derechos básicos de los reclusos. El personero destacó que la problemática se origina en una política criminal obsoleta. Que prioriza la privación de la libertad como principal respuesta a la criminalidad. Sin considerar alternativas de resocialización más efectivas y menos onerosas para el Estado.
“Desde allá viene la falla, en el considerar desde el legislador que x cantidad de actos representan un delito. Y que al amenazársele al ciudadano con pena privativa de la libertad. Esta persona se va a abstener de hacer la falta, está demostrado que no funciona así. Al ser humano no le es suficiente que le digan que va a estar detenido en una cárcel. Para que se abstenga de cometer estas conductas. Entonces desde ahí viene una falla y eso repercute en que tengamos estos espacios con cientos y cientos de personas”.
Neiva no tiene la capacidad
Bastidas Vargas fue enfático al señalar que la solución a esta crisis no puede provenir únicamente de las autoridades locales. Se requiere un cambio estructural en la política criminal del Estado, que debe ser impulsado desde el Congreso de la República. La responsabilidad de las personas sindicadas ha recaído en los municipios, lo que ha sobrecargado sus finanzas y capacidades operativas. Neiva, con más de 500 personas detenidas en centros transitorios, enfrenta un desafío económico significativo. Especialmente a partir de julio de 2025, cuando la política nacional exigirá que los municipios asuman también la alimentación de estos reclusos.
“A mí me parece que la Alcaldía está haciendo lo posible, yo debo de ser consciente. Dentro de una realidad fiscal como la que tiene el municipio de Neiva el día de hoy. Y peor la que se nos avecina en la vigencia 2025 con la descategorización. Considero que dentro de lo que se puede hacer creo que ha habido una buena voluntad de parte de la administración actual. He visto un desentendimiento y una indiferencia de las instituciones que en principio deberían de estar dando la cara. Y respondiendo a cabalidad sobre estas problemáticas. Como lo es el mismo Ministerio del Interior, el de Defensa, esa coordinación a nivel nacional que se vea reflejada en el territorio. No acá lo que uno ve es como que resuélvanse allá como puedan”.
