Aníbal Charry González
Está bien que la Superintendencia de Subsidio Familiar, intervenga de acuerdo a sus facultades legales en la empresas que están bajo su vigilancia para que cumplan a cabalidad con su objeto social referido principalmente al cumplimiento del servicio de subsidio familiar, pero su intervención debe ser la última ratio para no invadir la función empresarial, garantizando que no terminen en liquidación las Cajas de Compensación Familiar, precisamente por la calidad de los servicios que prestan y demás programas de bienestar colectivo y recreación de los afiliados, que son la razón de su existencia.
Pues bien: como ya es de dominio público, la Supersubsidio decidió intervenir totalmente las instalaciones y funciones de Confamiliar Huila -por no decir que allanó- por el término de 12 meses, separando de su cargo al director administrativo y al consejo directivo como proceso cautelar, para tomar, según lo sostuvo el mismo superintendente, las medidas de salvamento “necesarias y urgentes”, para superar las circunstancias críticas de iliquidez y el riesgo en su patrimonio por los pasivos que viene acumulando en los últimos años el programa de salud, sin que mencione ningún acto de corrupción o manejo indebido de la Caja, ni en la prestación y cumplimiento de los servicios.
Y no se trata de soslayar las facultades del organismo de control, sino de que su intervención se ajuste al debido proceso y sea de última ratio para que no se torne en arbitraria, de tal manera que al final no sea peor el remedio que la enfermedad, que parece ser a lo que conduce por los argumentos de la Resolución, que ameritaba si acaso una intervención parcial pero no total, además de tardía e inoportuna como con razón lo sostuvo el Consejo Gremial del Huila, señalando que se trata de una medida extrema y tardía que puede llevar incluso a la liquidación de la Caja -que legalmente no puede ocurrir por ser la única que presta el servicio en nuestra región-, máxime cuando la situación de su programa de salud -EPS Comfamiliar es crítica desde hace más de 10 años convirtiéndose en acreedor de la misma Caja, lo cual conocía la Supersalud y la Supersubsidio, solicitando su escisión que no ha sido autorizada, y haberse diseñado un plan de reorganización institucional para tratar de superarla.
Pero lo más paradójico de la intervención que invade el manejo de toda la Caja -con un acto administrativo sancionador de cuestionable cumplimiento inmediato sin atender recurso alguno-, lo cual genera más incertidumbre que certeza, es que lo motivado contrasta con lo que la Superintendencia de Sociedades sostuvo con entibo en informe financiero a 31 de diciembre de 2021, al incluir a Comfamiliar como la primera empresa del Huila ocupando el puesto 296 entre 1000, con utilidades que repuntaron de 21.000 millones en 2020 a 50.000 millones el año pasado, que no podía justificar una intervención total sin ponerla en riesgo de liquidación con supuestas medidas “urgentes y necesarias” que la Supersubsidio no ha dado a conocer. Hay algo que no cuadra en esa decisión.
