Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la Fundación Víctima del Conflicto Armado y Población Vulnerable en el Huila se entregaron 450 solicitudes de acreditación por el Macro Caso 10, preocupa de manera alarmante que estos casos solo corresponden a siete municipios de todo el departamento.
Diario del Huila, Huila
Por: Gloria Camargo
El pasado 14 de julio, víctimas del conflicto armado en el departamento del Huila, le entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, 450 solicitudes de acreditación en el Macro caso 10 de desaparición forzada.
Por ello, Diario del Huila dialogó con Edna Rocío Pinto Serrato, defensora de derechos humanos, quien acompañó este proceso y quien ha sido una firme defensora de los derechos de las víctimas y un apoyo invaluable para la Fundación Víctima del Conflicto Armado y Población Vulnerable.
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Cabe recordar que el macro caso 10 abarca no solo el desplazamiento forzado, sino también otros delitos atroces cometidos en el marco del conflicto armado, como homicidios, despojo de tierras y violencia sexual, por lo cual, la entrega de estas solicitudes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un paso crucial para que las víctimas puedan acceder a la justicia y ser escuchadas.
Según Edna Rocío Pinto Serrato, quien además es la Coordinadora de la mesa de víctimas de Neiva, la entrega de estas solicitudes no es solo un trámite burocrático, sino un acto de representación y acompañamiento a las víctimas.
“Es importante que estas personas se sientan respaldadas y que cuenten con abogados de confianza que las acompañen en el proceso judicial”, expresó la líder social.
Este trabajo busca así mismo establecer un precedente, donde lamentablemente, el Huila ha sido testigo de tragedias y dolor a lo largo del conflicto armado, sin embargo, la atención se ha centrado principalmente en el municipio de Algeciras, el único PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) presente en la región.
Por lo cual Pinto Serrato indicó que se busca cambiar esta situación y visibilizar a otras comunidades afectadas. “Existen otros municipios que también han sido víctimas de tomas guerrilleras y atentados terroristas, donde niñas fueron violentadas y personas han sido dadas por desaparecidas”, destacó la líder social.
“Desde las bases”
Desde las bases y diversas organizaciones de todos los municipios del departamento del Huila, se ha venido gestando un importante proceso para apoyar la fundación de víctimas del conflicto armado y población vulnerable.
La colaboración y participación de diferentes sectores, incluyendo enfoques de género y población LGBTI, busca hacer más visibles las experiencias y luchas de quienes han sido afectados por la violencia.
Aunque la Fundación es nueva, según la lideresa, cuenta con una valiosa experiencia, ya que su equipo directivo está compuesto por mujeres y hombres víctimas, así como abogados que han superado grandes retos para llegar a donde están. “Estos profesionales, que también fueron víctimas del conflicto armado, representan la confianza que las víctimas necesitan en su búsqueda de justicia y verdad”, puntualizó.
Al tiempo añadió, que el proceso de entrega de 450 informes en el macro caso 10 aún no concluye, pero la fundación tiene claro que este es solo el comienzo.
Su compromiso se extiende a trabajar en todos los municipios del departamento, agradeciendo el apoyo y la suma de líderes que han respaldado esta causa. La meta es no solo obtener resultados a nivel local sino también a nivel nacional, buscando que las voces de las víctimas del Huila sean escuchadas y atendidas en su camino hacia la reparación y reconciliación.
Hasta el momento, se han identificado siete municipios involucrados en estos 450 casos, entre ellos Guadalupe, Isnos, Tello, Colombia, Santa María, Neiva y Pitalito. Cada uno de estos informes representa una historia de dolor y esperanza, y la fundación se compromete a seguir trabajando incansablemente para que cada víctima encuentre justicia y dignidad en su proceso de sanación.
Trabajo con las uñas
Sin embargo, este trabajo no ha sido fácil. Según Pinto, “en muchos casos es un esfuerzo desgastante y con recursos propios, los líderes defensores de Derechos Humanos han asumido la responsabilidad de llevar adelante un crucial proceso en los municipios.
Careciendo de cualquier presupuesto otorgado por entidades externas, deben costear con sus propios bolsillos los desplazamientos y gastos asociados a su labor”.
Este proceso de investigación implica bajar a los municipios con formatos organizados, directamente proporcionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque, se explica que se han hecho ajustes para reducir el tamaño de los formularios y, así, disminuir costos en impresiones, sumado a ello, cada líder debe dedicar tiempo y esfuerzo a explicar a las víctimas la importancia de aportar detalles claros y precisos sobre los casos que se están recogiendo.
Al tiempo, la Coordinadora indicó que también es “fundamental aclarar que la JEP no indemniza a las víctimas, diferenciándose de los procesos de la Unidad de Víctimas”, por lo cual reiteró que los líderes han sido transparentes con sus comunidades acerca de esta realidad, enfatizando que el papel de la JEP es investigar y llevar a cabo un proceso justo, que permita esclarecer los hechos y brindar respuestas a las víctimas.
Victimas interesadas
Además señala que la organización ha abierto sus puertas para aquellas personas que deseen formar parte del Macro Caso 10 y presentar la solicitud de acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Para ello, se les exige tener copia de los documentos necesarios, y es importante aclarar que, en el caso de tener hijos menores de edad en el núcleo familiar, también pueden ser acreditados sin requerir un poder específico. Además hay un consentimiento que se debe firmar para poder radicar en el compromiso de contar con abogados de confianza que representen adecuadamente a cada víctima.
Además, la Fundación se ha dado a la tarea de brindar una charla explicativa antes de iniciar el proceso de solicitud de acreditación y llenado de formularios. En esta charla, se clarifica que la JEP no otorga indemnizaciones económicas, sino que su función es investigar y llevar a cabo un proceso justo para esclarecer los hechos y brindar justicia a las víctimas.
Así mismo, la Fundación alienta a las víctimas a presentar denuncias ante la Fiscalía y aportar cualquier evidencia o prueba sumaria que puedan tener. Además, la orientación brindada se extiende a aquellos campesinos víctimas que viven en áreas rurales y desconocen la ruta a seguir para participar en estos procesos.
Acompañamiento
La Coordinadora también señaló que en la lucha por justicia y sanación de las víctimas del conflicto armado en el Huila, la Fundación sin ánimo de lucro ha venido desempeñando un valioso papel y su trabajo va más allá de la recopilación de informes para el Macro Caso 10, ya que también se enfoca en brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas. La prioridad es evitar la revictimización y proporcionarles el apoyo necesario para su proceso de sanación.
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No obstante, es importante tener en cuenta que las víctimas que tienen derecho al desplazamiento u otros hechos victimizantes pueden hacerse acreditar desde el primero de diciembre del año 2016. Esto permite incluir a aquellos afectados desde el año 2000 hasta esa fecha en la solicitud de informes para el Macro Caso 10. A partir de esa fecha, los hechos victimizantes entrarían en una negociación con el grupo del ELN y el gobierno nacional.
La Fundación, conformada por víctimas que han decidido empoderarse y tomar la responsabilidad de estos casos, solicita el apoyo de entidades y la comunidad en general. Al ser una organización sin recursos asignados, cualquier contribución es valiosa para seguir brindando el acompañamiento necesario a las víctimas en diferentes aspectos, incluyendo el cultural, deportivo, psicosocial, de salud y emprendimiento.
El llamado también se extiende a todas las víctimas en el departamento del Huila y a nivel nacional para organizarse y avanzar juntos en la búsqueda de justicia, verdad y reparación. La solidaridad y el trabajo conjunto son fundamentales para enfrentar los desafíos que implica el proceso de sanación y construcción de una sociedad más justa y reconciliada.
La Fundación espera que más personas e instituciones se sumen a este loable propósito de dignificar y apoyar a las víctimas en su camino hacia la paz y la reconstrucción de sus vidas.
