Ayer comenzaron las negociaciones entre el Gobierno y el Comité del Paro, que planteó a su interlocutor su pliego de peticiones. Al final no se llegó a nada y el país ya completa dos semanas de protestas y esta semana continuarán.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Rolando Monje Gómez
En la agenda del diálogo que abrió ayer el Gobierno con los diferentes sectores políticos y sociales y con el Comité Nacional de Paro donde no hubo empatía luego de cuatro horas de reunión de las partes en la Casa de Nariño.
En la reunión se buscaba un consenso de los puntos de reclamo de manifestantes con el gobierno, pero no hubo, finalmente, una discusión a fondo. El paro que empezó el pasado 28 de abril y que ha dejado afectaciones al orden público, continúa, dijeron voceros del Comité Nacional del Paro que anunciaron una nueva movilización para el miércoles 12 de mayo.
El Comité, que en esencia es el mismo constituido en 2019 para adelantar en paro de noviembre de ese año, ha insistido como en aquella ocasión en la necesidad de negociar el que ahora han denominado pliego de emergencia, en tanto que el interés del Ejecutivo ha sido dialogar para encontrar consensos.
El Comité del Paro, entre otras cosas, pidió una renta básica, ayudas a las mipymes y matrícula cero, sin embargo, una de las preguntas que han surgido en medio de las propuestas del en materia económica son los alcances fiscales de las iniciativas, y qué tan viables son para el país en medio de una de las peores crisis de su historia.
Además, entre lo que pide el Comité del paro está retirar el proyecto de ley de reforma a la salud que avanza en el Congreso, además de una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, que se proteja la producción nacional, subsidio a las mipymes, matrícula cero y no alternancia educativa, no a la discriminación de género, y no privatizar los activos del Estado. También incluyen detener las erradicaciones forzadas y la aspersión con glifosato, entre otras iniciativas.
La renta básica
Establecer una renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente ($908.526) por seis meses para 30 millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis, considerando que ese número de personas representan más de 9 millones de hogares, por lo que se destinaría a este rubro $8,1 billones al mes, o sea $49 billones durante el semestre planteado.
Ese monto está cerca del hueco fiscal que se prevé para este año, que es de 8,6% del PIB, unos $94,6 billones. Precisamente, la reforma tributaria que fue retirada ante el Congreso buscaba recaudar unos $28 billones, que descontando los recursos para el Sistema General de Participaciones quedaba en $23,4 billones.
El monto se determinó con base en que el promedio de las familias colombianas es de 3,2 personas y que, para sobrevivir, una persona necesita al menos $330.000 mensuales que multiplicado por tres da un salario mínimo, según cifras del Dane.
La renta básica consistiría de una transferencia monetaria incondicional mensual que garantice que todos los miembros de cada hogar focalizado alcancen la línea de pobreza monetaria, según su respectivo dominio geográfico.
Según el Comité del paro, la idea sería que las familias pobres del país reciban un salario mínimo mensual vigente, que en 2021 es de $908.526.
Este programa complementaría los programas sociales existentes de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, dado que el de Ingreso Solidario solo tiene vigencia hasta finales de junio de 2021.
Matrícula cero y alternancia
A esas solicitudes que hizo el Comité del Paro también se han unido las de universidades, estudiantes, para quienes el pliego pide apoyo al sistema educativo público que garantice la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada.
Según Acrees la deserción universitaria oscila entre 30% y 50% en las instituciones públicas, mientras que Ascún estimó que en las privadas fue de 17% en estudiantes antiguos y 20% en los nuevos.
Una exigencia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) consiste en el no retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén dadas las garantías para ello.
Los educadores exigen tapabocas de calidad para los maestros, así como que las sedes cuenten con agua y con salones donde se pueda cumplir con los requisitos de distanciamiento físico y ventilación.
Derogar Decreto 1174
Otro punto del pliego es derogar el decreto 1174 de 2020 que reglamentó el artículo 193 del Plan de Desarrollo que estableció que las personas con ingresos inferiores a un salario mínimo “deberán vincularse” al piso de protección social (PPS), cuyos componentes son régimen subsidiado en salud, servicio social complementario de BEPS –como mecanismo de protección a la vejez– y seguro inclusivo para riesgos de su actividad; además, que la financiación estará a cargo del empleador o contratante, y equivale al 15% del ingreso mensual del trabajador.
Y mientras el Gobierno adelanta las conversaciones con los sectores, el Ministerio de Hacienda adelanta diálogos para llegar a un consenso y presentar una nueva reforma tributaria ante el Congreso en las próximas semanas.
