Según la Defensoría del Pueblo, los grupos armados ilegales, principalmente disidencias de las Farc, continúan con el reclutamiento forzado de menores de edad, homicidios selectivos, secuestros, retenes ilegales, entre otros; situaciones que difícilmente permiten que estas comunidades, altamente vulnerables, gocen de manera efectiva y plena, de sus derechos.
Además, 8.630.545 personas fueron desplazadas forzosamente en Colombia hasta el 31 de marzo de 2024, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas. De estas, 6.9 millones aún necesitan asistencia o reparación a sus derechos.
Siendo el desplazamiento, homicidio, amenazas y desaparición forzada los hechos victimizantes por los que más personas han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas.
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La población, la más perjudicada
Y según la Defensoría del Pueblo, durante julio de 2024, se registraron 18 eventos de movilidad humana forzada, distribuidos de la siguiente manera: cuatro eventos de desplazamiento forzado masivo, tres confinamientos y 11 eventos que implicaron riesgo de desplazamiento y confinamiento.
El panorama global de estas dinámicas, revela que en efecto continúa la fuerte presencia de actores armados ilegales en las comunidades. Esto enmarcado en el dominio poblacional y el control de las economías ilícitas, lo que trae consigo, hechos generadores de eventos de movilidad humana.
Además, persisten hechos como el reclutamiento forzado de menores de edad, homicidios selectivos, secuestros, retenes ilegales, entre otros; situaciones que difícilmente permiten que estas comunidades, altamente vulnerables, gocen de manera efectiva y plena, de sus derechos.
Por lo anterior, la entidad exhorta a las autoridades encargadas del cumplimiento a la política pública de atención a víctimas, para que cuenten con las herramientas necesarias que garanticen una atención efectiva y eficaz en el marco de todas las emergencias que se vienen presentando a nivel país.
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Desplazamiento forzado masivo
En este orden de ideas, la entidad señaló que en julio de 2024, se reportaron y registraron cuatro eventos de desplazamiento forzado masivo en el departamento del Cauca, donde hay fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley en el corregimiento del Sinaí y sus veredas aledañas entre ellas: Desiderio Zapata, La Cumbre, Cristales, La libertad, La Mina, Encanto, Cabuyo y la Playa, del Municipio de Argelia, donde hay manifestaciones de los miembros de estos grupos. Lo que generó la alerta en la población por la necesidad de abandonar sus hogares debido a que se avecinaban fuertes combates.
Otros pobladores que buscan como se dice popularmente, ‘huir de las balas’, son los del municipio de Puerto Rondón, donde 70 personas aproximadamente desplazadas de la vereda el Progreso y Normandía, buscaron amparo en la Iglesia Shalom de la vereda Normandía.
De la misma localidad, 64 personas se vieron obligadas a salir de las veredas el Progreso, Normandía y la Esmeralda, quienes fueron albergadas en el internado de una institución educativa.
Mientras que en el departamento de Risaralda, la quema de una volqueta por parte de actores armados ilegales, que transportaba materiales de construcción, generó temor en los territorios de las comunidades indígenas de los resguardos unificados del río San Juan y Gitó Dokabu, en la vereda de Agüita corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico.
La violencia los ‘encerró’
Y en cuanto a situaciones, donde la comunidad por culpa de la violencia, no ha podido salir de sus domicilios, en julio de 2024 se reportaron y registraron tres eventos de confinamiento en los departamentos de Arauca y Valle del Cauca.
“En zonas rurales del municipio de Arauquita, ,la primer situación se registró en la vereda Lejanías, donde 66 familias tuvieron que confinarse en razón de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Nacional de Colombia, además de la constante presencia de grupos armados no estatales”, evidenció la entidad.
Y en la vereda el Cesar, 60 familias quedaron confinadas, por la continua presencia de actores armados ilegales, y las confrontaciones que ello conlleva.
Igual situación vivieron 283 personas, pertenecientes al Resguardo Indígena de Joaquincito, que se ubica en el río Naya en zona rural de Buenaventura, quienes se confinaron debido a la presencia del Estado Mayor Central, columna ‘Jaime Martínez’, en la parte alta y baja del río, grupo que ha asumido el control hegemónico en este territorio.
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Poblaciones en riesgo
En el mismo periodo analizado, se presentaron 11 eventos de riesgo de desplazamiento y confinamiento en Antioquia, donde se presentaron dos eventos, el primer caso se dio en el municipio de El Bagre, donde las dinámicas de los actores armados organizados, debido a la presencia del Ejército Gaitanistas de Colombia, ELN y disidencias de las FARC, por la disputa armada para obtener el control del territorio del corregimiento de Puerto Claver y 14 veredas afectadas (veredas La Corona, Mellizos, Chiritá, Santa Teresa, Santa Isabel, Las Claras, El Oso, La Llana, Muquí, La Primavera, Santa Bárbara, El Castillo, La Primavera y Medios de Manicería), lo cual, ha generado el riesgo de desplazamiento forzado masivo.
La segunda situación, se vio en los municipios de Segovia y Remedios: con ocasión de los homicidios que se viene presentando en este sector, las personas han estado recibiendo amenazas a través del voz a voz, para que abandonen el territorio. El presunto grupo responsable es el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia EGC (Antiguo AGC).
Otro de los departamentos afectados es el Caquetá, específicamente en el municipio de Valparaíso se viene presentando riesgo de desplazamiento forzado masivo, debido a que grupos al margen de la ley, como el Frente Comandante Raúl Reyes, se encuentran realizando actos de proselitismo mediante la instalación de vallas publicitarias, esto sumado a los homicidios selectivos que se han presentado.
Se encarnizan con la gente
Y el departamento del Chocó, es donde se han presentado más situaciones, una de ellas en el Carmen del Darién y están en riesgo las comunidades de Cetino, Llano Rico y Nueva Esperanza, a raíz de grafitis, banderas y símbolos alusivos al grupo armado ilegal ELN, quienes sostienen haber llegado a la zona para quedarse, lo cual ha causado gran preocupación en las comunidades.
Y en la localidad de Bojayá, se presentó una tensa situación, causada por la retención del jefe de la guardia Indígena del resguardo indígena Buchadó Amparradó por parte del grupo armado ilegal Ejercito Gaitanistas de Colombia-EGC. Y las comunidades indígenas de Nueva Jerusalén, Peñita y Guayabal pertenecientes al resguardo indígena Pichicorá Chicué y Punto Alegre, se encuentran bajo la fuerte presencia de grupos armados ilegales en sus territorios.
Ahora en la localidad de Rio Sucio, se presenta un endurecimiento de graves conductas vulneratorias, como los desplazamientos forzados familiares, el confinamiento, homicidios selectivos, aumento de cultivos de uso ilícito, instrumentalización de menores de edad, restricción a la pesca, caza y siembra de cultivos de pan coger, pone en un inminente riesgo a los pueblos indígenas, afros y campesinos de la Cuenca de Salaquí y Truandó.
Y en Istmina, los habitantes de Doido, se encuentran en riesgo de desplazamiento y confinamiento por la fuerte presencia del ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en su territorio. Igual, situación se vive en Sipí: en la zona rural de la comunidad de Chambacú, donde se ha detectado la presencia del ELN. Simultáneamente, en las bocas de Sipí, se ha identificado la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La posible zona de enfrentamientos entre estos dos grupos sería la parte norte de la comunidad de Chambacú, lo que podría desencadenar desplazamientos masivos.
Además, en el Valle del Cauca, hay riesgo de desplazamiento masivo del resguardo indígena de Joaquincito en razón de las confrontaciones entre los actores armados ilegales en su territorio.
