Un contrato de leasing genera polémica, podría generarse un detrimento a la Universidad Surcolombiana. Es evidente el aumento de los costos de contratación en los últimos años. Informe especial.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
En días pasados cuatro organizaciones estudiantiles y sindicales de la Universidad Surcolombiana peticionaron a su Consejo Superior Universitario, y al mismo tiempo advirtieron, el aumento en la contratación dentro del alma mater.
De acuerdo con un empleado de esta institución, decidieron realizar esta petición a nivel institucional, pues de manera individual temían las represalias administrativas.
Según la denuncia, para el año 2018 “se contaba con 119 contratistas por un valor de $1.812.556.672, en al año 2022 se pasó a $3.952.522.408, evidenciando un aumento del 45,8% para un total de 149 contratistas, la gran mayoría de ellos vinculados sin ningún tipo de convocatoria pública que garantizara la selección objetiva y el libre acceso pues los mismos se contrataron de manera directa, según informó la Vicerrectoría Administrativa (Anexo Respuesta A Derecho De Petición Memorando N°316)”.
Pero ahí no para la advertencia, señalan que de los 35 contratistas abogados de 2018 (que significaban $603.444.958), para el año 2022 la cifra aumentó, como el presupuesto: 51 abogados por el valor de $1.419.731.059, es decir, 42% más.
En una respuesta del pasado 29 de marzo de este año, dada por el vicerrector Administrativo, Ramón Eduardo Bautista Oviedo, al abogado y docente de esta universidad, Alfredo Vargas Ortiz, señala, entre otras cosas: que los servicios de salud pasaron de 70 millones en 2018 a 316 millones en 2016.
En lo que tiene que ver con los servicios profesionales la cifra es 48 personas en 2018 ($645 millones), a 53 personas en 2022 con un valor de $1.380 millones.
¿Hay compras innecesarias?
Para los sindicatos y representantes de estudiantes sí hay unas compras de equipos innecesarios. En la petición elevada al máximo ente de la universidad, le indican que la institución compró por un valor de $300 millones equipos “para supuestamente controlar el acceso por la carrera primera a la Institución como si no tuviese otros tipos de acceso y como si ello fuese un control real de la seguridad de la institución, desconociendo acciones de seguridad comunitaria que pueden ser mucho más efectivas, que equipos que no cubren todos los frentes de acceso a la institución, como el área del parqueadero, el bloque de la Facultad de economía y administración, la Facultad de Ingeniería y el acceso por la Avenida Pastrana, entre otros”.
Ante esta afirmación, la universidad respondió señalando, entre otras cosas: que para el 2022 se hizo mantenimiento de aires acondicionados en más de 109 salas docentes, y otro tanto en aulas de clase.
Adicional a lo anterior, para 2023 el mantenimiento de aires acondicionados estuvo por los 82 lugares. Mientras que por pintura de aulas, laboratorios y oficinas docentes fue de 33 lugares. Así mismo se hace el mantenimiento a asuntos eléctricos en 35 lugares.
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El caso de las licitaciones
Según la denuncia, para este año se han desarrollado tres licitaciones con elementos “extraños”, señalan: todas se desarrollaron con un único proponente. Además indican que los contratos superan los $6 mil millones. “Lo casual es que en uno de los más importantes por más de 3 mil millones de pesos”.
Según la denuncia, se hizo un procedimiento “amañado” mediante la Licitación Pública No. 003-2023 para dotar el Bloque 1 del nuevo edificio de la Facultad de Educación, “era evidente que se direccionaba hacia un único proponente”, que en este caso se le adjudicó a Juan Pablo Díaz Puyo “compra, transporte e instalación de mobiliario, equipos especializados, equipos tecnológicos y sistemas de aire acondicionado, para dotar el bloque 1 del nuevo edificio de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana” de fecha del 5 de junio de 2023.
Para la Veeduría Nacional esta contratación tenía sus presuntas irregularidades, así lo advirtió: “1. La dotación incluye unos equipos de aire acondicionado, para lo cual establecieron un presupuesto de más de $1.800.000.000, eso pese a que en el estudio de mercado las otras propuestas no excedían los $1.313.000.000 1) Presentaron Exigencia de un equipo de trabajo conformado por cinco profesionales en ingeniería (enfocados en sistemas y tecnología), pero para el sistema de aire acondicionado que es el capítulo más importante en el presupuesto si permiten técnico. 2) Para todo el equipo de trabajo se debe soportar un vínculo laboral previo existente de por lo menos 6 meses. 3) Limitan la acreditación de experiencia a contratos ejecutados en los últimos 5 años, aun cuando este limitante ha sido prohibido para la contratación estatal en reiterada jurisprudencia. 4) Limitan participación al exigir que el proponente cuente con establecimiento de comercio en la ciudad de Neiva, medida discriminatoria y prohibida por Consejo de Estado. ) Establecen indicadores financieros desproporcionados, sin soporte y que difieren de procesos de contratación de cuantía similar que ha adelantado la @USCOoficial 6) Aunque el contrato es para dotar unos espacios de la @USCOoficial, se establece como factor de puntuación contar con un camión con capacidad mínima de 2 TON y con una antigüedad máximo de 10 años de matriculado”.
Para las organizaciones denunciantes “Sin duda alguna, las limitantes denunciadas en la cuenta Twitter Veeduría Nacional @VeeduriasNac cubren todo un manto de sospecha frente a la libre concurrencia de proponentes en el proceso de contratación. Y en este sentido, como se advirtió en la citada cuenta, el presunto hecho de corrupción terminó consumándose, pues el presupuesto de la licitación por los más de 3 mil millones, se asignó al único oferente Juan Pablo Díaz Puyo, que solo hizo un descuento de apenas 300 mil pesos”.
¿Relaciones políticas?
Antes de haber sido sancionada la rector de la Universidad Surcolombiana, Nidia Guzmán, ella por accidente indujo a pensar de sus relaciones con su paisano y exsenador Rodrigo Villalba y Flora Perdomo. Pues bien, el portal Cuestión Pública en un informe reciente señala que Juan Pablo Díaz Puyo, a quien se le adjudicó el millonario contrato en la universidad, tiene sus buenas relaciones con el político.
“Juan Pablo Díaz Puyo, dedicado al comercio de muebles y materiales de construcción, aportó a la campaña del senador $30 millones en el 2018. Díaz Puyo y empresas que ha representado han recibido 115 contratos, de los cuales 28 fueron durante o después del 2018”, señala la página.
¿Es conveniente el contrato de leasing?
Dentro de las preocupaciones de la denuncia elevada al CSU está la de una solicitud de acuerdo para comprometer vigencias futuras de 2024 y 2025.
La inédita propuesta (que al parecer ya fue aprobada la semana anterior en el CSU), se soporta en un “estudio técnico, financiero y jurídico contractual de la propuesta de leasing operativo tecnológico – Universidad Surcolombiana”.
Según el abogado Vargas Ortiz, ésta tiene serias irregularidades desde la formulación del estudio técnico. “Una cosa es comprar un computador a 4 millones y otra es comprar 100”, dijo a manera de ejemplo, al tiempo que señaló “van a irse con un contrato de fiducia cuando si los compran de manera directa los computadores podrían durar más tiempos en manos de la universidad, porque a los tres años ya los computadores no son de la universidad, cuando un computador puede dorar cinco años. El detrimento es de 2500 millones de pesos, realmente”, indicó.
En este sentido, la denuncia que elevaron a la universidad, advierte, entre otras cosas: “en el estudio técnico, se evidencia la falta de rigurosidad en el diagnóstico, no se tienen clara la necesidad, ni las fuentes de donde proviene la información que determina el número de equipos a contratar, no se contempla la compra mediante la licitación pública, la compra mediante acuerdos marco o bolsa mercantil que muy seguramente traería mejores beneficios en los costos en la compra de los equipos técnicos, no se ha utilizado la capacidad de nuestra Facultad de Ingeniería con su programa de Ingeniería de Software para conceptuar sobre la conveniencia de la compra de los equipos, ni a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para explorar la mejor forma de contratar, ni a la Facultad de Economía y administración para realizar los cálculos económicos más convenientes para la institución (ver por ejemplo el Anexo 2. Cotización de la empresa controles empresariales por un monto de 1.515.730.000), el estudio técnico, se limita a conceptos de funcionarios de administración que han mostrado probada negligencia en procesos de licitación que terminan siendo de un solo proponente”, concluyen.
