Desde antes de su posesión, el presidente Gustavo Petro no oculto “el afán” de proteger a los integrantes de “La primera línea”, tanto a los ya condenados como a los procesados, por los múltiples delitos cometidos durante “la protesta social pacífica”. En repetidas ocasiones ha reiterado ese propósito. En la última oportunidad se refirió a la libertad de todos los miembros de la primera línea, para que pasaran la navidad con sus familias. Seguramente serán muchísimos los malabares jurídicos para llevar a cabo semejante despropósito.
El otro “afán” gubernamental es el relacionado con la aprobación del proyecto de código electoral, por parte de Congreso de la Republica.
Aunque fue retirado el mensaje de urgencia, se insiste en la discusión inmediata en la comisión primera del Senado, a pesar de las serias observaciones y cuestionamientos de congresistas pertenecientes a diversos sectores políticos, como Ariel Avila, Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle y Paloma Valencia.
Se considera que, si es un proyecto de normas electorales, no tienen por qué aparecer temas de registro civil y de adopciones.
Sigue rondando la inquietud expresada por la Representante a la Cámara de Alianza Verde Catherine Juvinao, quien se preguntó, en presencia del Ministro del Interior, si el gobierno le debía algo al Registrador Vega, teniendo en cuenta el “afán”.
Existe una gran desconfianza hacia el Registrador Alexander Vega, quien trata de revivir el proyecto de Código Electoral que tumbó la Corte Constitucional, adicionado por el ponente en mas de 100 artículos. Se crearían miles de cargos y se nombrarían 1.200 registradores. La tecnología que se contempla implementar, le permitiría al registrador adjudicar jugosísimos contratos.
Advierten los opositores que se deben actualizar las normas electorales, pero que de ninguna manera se aplique la reforma en las próximas elecciones regionales. Manifestaron su disposición a discutir el proyecto, solamente a partir del mes de marzo del año entrante
ADENDUM. El Presidente Gustavo Petro reconoció que los asesinatos de líderes sociales no obedecían al factor ideológico, de pertenecer a la izquierda o derecha, sino a la disputa entre grupos dedicados al narcotráfico.
Que gran diferencia cuando se acusaba al gobierno anterior de “asesinar” a lideres sociales y a exmiembros de las FARC.
