Las 57 Cámaras de Comercio que funcionan en el país, serán evaluadas por la Contraloría General de la República, las cuales administran anualmente recursos públicos por $1.1 billones. De éstos, el 54% se concentra en las cámaras de Bogotá con el 34.3%, Medellín con el 13.3% y Cali con el 6.2%.
Según el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, para el máximo órgano de control “es importante evaluar si el impacto de la inversión del recurso público que anualmente se hace a través de estas entidades, se está traduciendo en mejorar la formalización de la micro, pequeña, mediana y gran empresa y si se está aportando a la formalización del empleo”.
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Durante su intervención en el Congreso de Confecámaras 2024, el Contralor Rodríguez Becerra recordó que según el acuerdo firmado entre el Gobierno y Confecámaras, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, las cámaras de comercio con mayores recaudos por concepto de renovación de matrícula mercantil deben destinar el 30% de sus ingresos a la financiación de los programas de reindustrialización de las microempresas y unidades económicas de la economía popular, que les permita organizar los recursos nacionales que manejan, buscando que vuelvan al territorio, se reinventen y dinamicen la economía.
La entidad entregará en el primer semestre de 2025, con la ayuda de las gerencias departamentales, los resultados de la evaluación de desempeño a las Cámaras de Comercio. Anticipó que en los dos últimos años la entidad ha vigilado los recursos de 49 de las 57 cámaras existentes. “Se han llevado a cabo 60 actuaciones de control con 34 hallazgos fiscales por más de $ 5.020 millones y 27 beneficios de auditoría por valor de $ 558 millones”, aseguró el Contralor General.
Los principales hallazgos encontrados hasta hoy tienen que ver con el uso de recursos públicos en la adquisición de edificaciones, sin la anotación pertinente en el registro de instrumentos públicos, el mantenimiento de bienes o pago de impuesto predial de propiedades privadas y el uso de los recursos públicos en actividades que no tienen nada que ver con las funciones asignadas de las Cámaras de Comercio.
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