La sección tercera del Consejo de Estado acaba de condenar al Ministerio de Defensa por el atentado en el que resultó herida Claudia Elena Gómez Salamanca; la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila certificó una pérdida de su capacidad laboral.
Diario del Huila, Investigación
Carlos Andrés Pérez Trujillo
La vida de Claudia Elena Gómez Salamanca cambió de repente el 7 de diciembre de 2008. Aquel día las Farc atacaron una caravana que se dirigía por la vereda ‘Campo Hermoso’ jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán (Huila). A raíz de este hecho, Gómez Salamanca sufrió lesiones en sus oídos y consecuentemente una pérdida de capacidad laboral.
Gómez Salamanca sufrió heridas múltiples en su cara, región cervical y miembro superior derecho, así como perforaciones en sus tímpanos -derecho en un 40% e izquierdo en un 70%. Este dictamen lo dio la Junta Regional de Calificación de invalidez del Huila, le produjo una merma de su función auditiva de forma permanente y, consecuentemente, una pérdida de su capacidad laboral de un 24,45%.
Para el alto tribunal de lo contencioso la responsabilidad de este hecho se le endilgó al Ministerio de Defensa (Ejército). Así, la condena se constituyó de la siguiente manera: $97 millones por lucro cesante consolidado; y $54 millones de lucro cesante futuro.
Adicional a eso, por los prejuicios morales reclamados por los familiares de la víctima, se reconocieron así: Claudia Elena Gómez Salamanca (víctima directa), Elena Samanca Molano (madre), Julio César Gómez Lizarazo (padre) y Oliver Cruz Noguera, recibirán cada uno $52 millones, es decir, un monto total de $208 millones. Por otro lado, sus tres hermanos: René Fernando, Andrea Carolina y Julio Augusto Gómez Salamanca, recibirá cada uno $26 millones. En total son $286 millones.
Adicional a esto por las heridas que sufrió por el hecho subversivo, por la misma afectación a su salud, el Estado le reconocerá otros $52 millones.
El Consejo de Estado recordó que en el Artículo 2 de la Constitución Política señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades; a la par, el artículo 217 prevé que las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
Los hechos
Este atentado se dio cuando una misión médica del hospital de San Vicente, ICBF y la alcaldía de este municipio pretendían prestar los servicios en la vereda Campo Hermoso.
Según la versión del Ejército, esta caravana fue atacada con la detonación de una potente mina que se encontraba a un lado del camino, instalada, supuestamente por el grupo Teófilo Forero de las Farc.
El ataque ocurrió el sábado 7 de diciembre a las 8:35 de la mañana. La entidad que más funcionarios llevaba era el ICBF, quien cubría esta actividad con más de 20 personas.
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Según el relato de la época, descrito por el de el periódico El Tiempo, “La caravana salió a las 7 de la mañana sin escolta militar, según dijeron familiares de las víctimas, para evitar ser blanco de las Farc. No obstante, minutos más tarde una fuerte carga explosiva, sembrada al costado de la carretera, hizo volar el primer vehículo de la caravana”.
En la explosión murieron Yamid Correa Calderón, psicólogo del Icbf; y el conductor Jhon Jader Alape.
Gómez Salamanca, quien era la trabajadora social del ICBF, junto a la nutricionista Laura Melisa Barrios, fueron las más afectadas con la explosión: resultaron con heridas de gravedad en sus extremidades inferiores y recibieron esquirlas en todo su cuerpo. Inicialmente fueron remitidas en un helicóptero de la Fuerza Aérea al Batallón Cazadores, y posteriormente a Florencia (Caquetá).
«Íbamos unas 20 personas en total en cuatro carros de la misión médica, ellos (el conductor y el psicólogo muertos) iban en el primer carro, con logotipos del Icbf y detrás iban dos camionetas con gente del hospital San Rafael y, de último, iba un carro de la Alcaldía con varios funcionarios», contó en su momento, Dúber Gaviria Herrera, uno de los miembros de la Misión.
Hace tres días, cuando se preparaba la Misión Médica para el poblado de Campo Hermoso, el capitán Edwin Espinosa, comandante de la Policía de San Vicente del Caguán, le había advertido al Alcalde del pueblo que no había garantías de seguridad y que era posible que las Farc estuvieran en la zona.
Los daños de la trabajadora social
Para el Consejo de Estado “Aunque no se desconoce que Diana Marcela Parra Pinto, en sede judicial, declaró que Claudia Elena Gómez Salamanca quedó con “cortadas” de los vidrios en los brazos y en su cara; al tiempo que Paula Andrea Galicia Álvarez indicó que la aquí demandante tenía cicatrices en diferentes partes del cuerpo, a causa de las “esquirlas”; tales testimonios son insuficientes para que la Sala pueda establecer el daño estético que aquí se reclama, por desconocimiento absoluto de la gravedad de las cicatrices, sus características (centímetros, forma, color, localización exacta, blanca, flexible, delgada, gruesa, con depresión o elevación) y sus secuelas; todo que impide que esta Subsección conozca de la aptitud de las referidas cicatrices para afectar la calidad de vida de la señora Gómez Salamanca”, sin embargo, el tribunal hizo un reconocimiento al daño en su salud.
“El atentado terrorista del que fue víctima Claudia Elena Gómez Salamanca, entre otros servidores que desarrollaban actividades de asistencia médica, causó una afectación de su derecho a su integridad personal y a la salud; situación que se encuadra, propiamente, dentro de las categorías indemnizatorias de perjuicios morales y de daño a la salud”.
Días de zozobra en el Caquetá
El ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien diera información sobre las cuatro personas que perpetraron el ataque.
En la zona se adelantó un consejo de seguridad para determinar las medidas en Campo Hermoso y en general en San Vicente del Caguán, ante la presencia de las Farc.
Con este ataque la guerrilla violó las normas fundamentales de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que califican como una infracción grave atacar a las misiones médicas.
Igualmente, el alcalde de San Vicente del Caguán, Hernán Cortés Villalba, anunció que el ataque cometido contra la misión médica de su población es un acto terrorista de lesa humanidad, reprochable, condenable y que por su gravedad merece el pronunciamiento y sanción de las organizaciones internacionales.
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