Cerca de 1.500 personas en el Departamento, manifiestan haber sido víctimas del conflicto armado, y entre 90 y 100 personas llegan diariamente a pedir ayuda, pero no todos las situaciones, serían reconocidas como víctima de desplazamiento forzado.
Las personas que llegan a la capital opita, son de municipios cercanos, donde es tenso el conflicto armado, como es Algeciras.
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Difícil situación de la ciudad
En este sentido, Jorge Enrique Lozano, secretario de Paz y de Derechos Humanos Municipal, expresó: “Neiva es el municipio del sur del país, que más recepciona desplazados, y lamentable no es PDET, que son los entes con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, ni Zomac, que son un conjunto de municipios que agrupa las zonas del país más afectadas por el conflicto, por esta situación no podemos acceder a ayudas monetarias”.
“Este hecho ha sido un obstáculo para ofrecer auxilios a los afectados, por ende desde la entidad trabajamos en una hoja de ruta, que le permita a Neiva, acceder a estos recursos por mecanismos distintos, o sino que la incluyan en estas herramientas (PDET y Zomac)”, agregó el funcionario.
Los PDET, éstos son instrumentos de gestión y planificación para priorizar la implementación de los planes sectoriales y programas dentro de la Reforma Rural Integral (RRI), y lo demás establecido en el Acuerdo Final. Los municipios priorizados para estos programas se encuentran plasmados en el Decreto Ley 893 de 2017.
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‘Oleada’ de víctimas
El secretario manifestó que 1.500 personas se han acercado a esta oficina, quienes manifiestan haber sido víctimas del conflicto armado, y entre 90 y 100 personas llegan diariamente a pedir ayuda, pero no todos las situaciones son reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado.
Asimismo, la entidad cuenta con filtros, para conocer a los verdaderos perjudicados por el accionar armado y evitar ‘colados’.
Y se conoció que las comunas: seis, ocho, nueve y diez de la ciudad, son las que más acogen a víctimas.
Desplazamiento en Neiva
Sin desconocer que la capital opita, se ha convertido en un eje transversal de ‘comunicación’ entre los departamentos del sur del país, como lo son: Putumayo, Caquetá y todo el desplazamiento forzado registrado o no, llega a la ciudad. Eso hace que la Alcaldía de Neiva, destine recursos económicos, pero ante la cantidad de afectados, estos no alcanzarían.
Toda la gente que llega, necesitan que sean afiliados a EPS, educación para sus hijos, vivienda, servicios públicos.
“Esto lo que demuestra es el creciente aumento de asentamientos subnormales, pues hay cerca de 130, a pesar de que ya legalizamos siete, siguen creciendo porque aún llegan los desplazados y ellos no se van para Bogotá, se quedan en Neiva. Tenemos casos de familias que llevan 15 días o un mes de haber llegado”, añadió Raúl Rivera, en su momento secretario de Gobierno.
Los integrantes de la Asociación Rural Campesina de Colombia, provenientes de las regiones de Huila, Putumayo y Caquetá, se encadenaron en julio del año 2023 con el fin de ser escuchados.
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Capítulo La Plata
Y es que en junio de 2023, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento masivo de 867 personas de 14 veredas del corregimiento San Miguel, jurisdicción de La Plata, donde perdió la vida una niña de 4 años de edad al quedar en medio de combates entre la columna móvil Dagoberto Ramos (grupo disidente de las Farc) y el Ejército Nacional.
Son 242 familias, compuestas por 398 menores de edad y 469 adultos, mayoritariamente campesinos e indígenas, las que llegaron al casco urbano del municipio de La Plata, donde la Defensoría del Pueblo adelanta una misión humanitaria para brindar atención especializada, de manera particular, a la población de San Miguel, quienes posteriormente volvieron a sus territorios.
En el 2023, hubo 121.000 desplazados
Y según lo manifestado por la Defensoría del Pueblo, durante el 2023 en Colombia, cerca de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento.En el país hubo 154 eventos de desplazamiento forzado, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 hechos de la misma naturaleza.
“Muy lejos de disminuir, el desplazamiento forzado masivo es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene el impacto mediático como en otros países. En nuestros territorios se repite, dejando un dolor familiar y un daño social difíciles de solucionar. Hoy quiero llamar la atención del país porque en el 2023 fueron 54.665 personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo, en 17 departamentos”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al hacer un balance sobre el informe ‘Dinámicas de Movilidad Humana Forzada 2022-2023’.
Siendo los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial, la causa principal de más del 50% de los eventos en el 2023. Los combates alcanzaron un nivel de afectación considerable debido a las alianzas entre diferentes estructuras armadas al margen de la ley para obtener una hegemonía en el control territorial.
La duración de los enfrentamientos, que en algunos casos superó un día, y su impacto en la población civil se evidenciaron en repetidas ocasiones, puesto que las familias se vieron afectadas en razón a la cercanía de ese tipo de hechos violentos a las áreas pobladas.
Población ‘afro’ la más afectada
Durante el 2023 hubo 215 confinamientos, con una afectación a 18.356 familias, el equivalente a 66.279 personas, lo cual significa un incremento del 63% en comparación con el 2022, cuando se registraron 132.
El confinamiento se dio en diez departamentos; el más golpeado fue Chocó, con 124 eventos (10.313 familias afectadas, es decir, 40.414 personas). Le siguen Putumayo, con 22 eventos; Nariño, con 21; Arauca y Valle del Cauca, con 13 cada uno, y Cauca, con 12.
En el 30% de los eventos de confinamientos, las comunidades negras son las más afectadas; el 50%, población indígena, y el 20% restante de los eventos ha afectado a la población campesina.
Tierra y violencia
En cuanto al conflicto armado que se vive en Colombia por la irrupción en el panorama de las disidencias, el doctor Alfredo Vargas, expresó: “la respuesta está en los acuerdos de Paz. El país, no ha hecho modificaciones sustantivas en torno a la distribución de la tierra. Tenemos un país con una concentración de la misma, muy fuerte y también se debe dar una lucha contra el narcotráfico, que es el motor de la guerra”.
“Obviamente, en el país hay sectores económicos y políticos, interesados para que no haya paz, porque si sucede, muchos de los terratenientes, tendrán que devolver para que los colombianos accedan a ellas, no significa que los expropien, sino que deben tributar en razón a este aspecto”, agregó el doctor Vargas.
Frente a los crímenes de firmante de Paz, el abogado, agregó: “la situación de las Farc, es terrible, saber que hay más de 300 personas asesinadas, después de haber entregado las armas. Por eso necesitamos al Estado, para que genere oportunidades y así estas personas no vuelvan a empuñar un arma de fuego y lo que hizo el anterior gobierno fue terrible, retrasó al no cumplir los acuerdos y hay intereses económicos y políticos para que no lleguemos a un pacto total”.
