El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado, acusando al ex Secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, de adjudicar un contrato para la fabricación de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
Según el comunicado, Salazar habría adjudicado el contrato a pesar de que el proceso de licitación estaba suspendido y no se contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) correspondiente.
El presidente Gustavo Petro Urrego no tardó en pronunciarse al respecto, reiterando que la ley prohíbe la adjudicación de contratos sin la expedición previa del CDP por parte del Ministerio de Hacienda. En un mensaje a través de su cuenta oficial en X, el mandatario señaló que Salazar violó la ley al adjudicar el contrato sin cumplir con este requisito fundamental.
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El Canciller (e) Luis Gilberto Murillo también desautorizó la actuación de Salazar, destacando que el proceso de licitación aún estaba en curso y que Salazar había adjudicado el contrato de manera irregular.
En respuesta al comunicado del Ministerio de Hacienda, se emitió otro comunicado de prensa en el que se detallaban los errores cometidos por Salazar. Se destacaba que el proceso licitatorio original había sido declarado desierto y que el CDP correspondiente había caducado, por lo que no se contaba con los requisitos legales para proceder con la adjudicación.
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