El viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe y el director Regional Adjunto de UNODC, Oliver Inizan, lideraron la presentación del Informe País Trata de Personas con Fines de Trabajo Forzoso, 2010-2019.
El informe elaborado desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC y la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo de MinTrabajo, presenta la situación del país frente al delito de Trata de Personas bajo la finalidad de trabajo forzoso en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas.
Uribe Medina, compartió que como muestra y respaldo de este Ministerio a las acciones para combatir, reprimir e identificar posibles casos de Trata de Personas con fines de trabajos forzosos, se ha capacitado desde 2021 hasta la fecha 19 Direcciones Territoriales de la entidad y una oficina especial frente a ese delito.
En este sentido, resulta de suma importancia continuar visibilizando las características de este delito con el objetivo de identificarlo plenamente y diferenciarlo de situaciones de explotación laboral; y más teniendo en cuenta el contexto migratorio de la población venezolana en el país por sus condiciones de vulnerabilidad convirtiéndola en un grupo de alto riesgo para estas redes criminales.
Ratificó, que desde el MinTrabajo se siguen liderando acciones de prevención del delito de Trata de Personas a través de la identificación y sensibilización sobre las ofertas laborales fraudulentas, como principal método de captación de las víctimas, y orientando la búsqueda de empleo por medio de la red de prestadores autorizadas del Servicio Público de Empleo, con lo que se busca minimizar situaciones de riesgos asociados a estas ofertas.
¿Qué es la trata de personas?
La Trata de Personas, es la captación, el transporte, el tránsito, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
