Ante la posible ‘desbandada’ de disidentes de las Farc del Cauca hacia el Huila, con el levantamiento del cese al fuego a partir de mañana a la media noche. Las autoridades en el Huila, están alertas. Según el Secretario de Gobierno Departamental, la directriz es resguardar la frontera y detener el avance de estos grupos ilegales, a pesar de su arraigo en la región.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
La reciente ruptura del cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el EMC de las FARC ha desencadenado preocupación en el departamento del Huila, que ahora se encuentra en alerta máxima ante la posibilidad de que las disidencias que están en el Cauca, busquen establecerse en la región. Con el Huila siendo un corredor estratégico entre varios departamentos, incluyendo Putumayo, Caquetá, Tolima y Meta, las autoridades locales están tomando medidas preventivas para evitar el avance de estos grupos insurgentes.
Según declaraciones del secretario de Gobierno Departamental, Edgar Martín Lara, la orden al Ejército es clara: no permitir que las disidencias ingresen al territorio huilense. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de preservar la seguridad y la paz en la región.
«Es fundamental que tanto el Gobierno Nacional como los grupos insurgentes cumplan con todas las garantías necesarias. Esto implica el respeto a los derechos de los ciudadanos, evitando la instrumentalización de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, facilitando la producción de nuestros campesinos y permitiendo que los empresarios continúen con sus actividades de desarrollo”.
Lara destacó la importancia del proceso de paz para garantizar el bienestar de los habitantes del Huila, subrayando que la ruptura del cese al fuego compromete dicho proceso y pone en riesgo los avances logrados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
«La presencia nuevamente de los grupos insurgentes en nuestro territorio representa una amenaza para la seguridad y el desarrollo del departamento«, afirmó Lara. Señaló que la comunidad huilense ha experimentado un aumento en la violencia, incluyendo homicidios, artefactos explosivos y la instrumentalización de campesinos. Estos eventos subrayan la urgencia de que los procesos de paz funcionen correctamente y se cumplan los compromisos de todas las partes involucradas.
Blindar el Huila
En respuesta a esta situación, el gobierno local ha solicitado al Ministro de Defensa un plan integral que aborde tanto la seguridad como las necesidades sociales del departamento. El énfasis recae en la búsqueda de soluciones que promuevan el desarrollo sostenible y mejoren la calidad de vida de la población huilense.
Ante la inminente posibilidad de que las disidencias se desplacen hacia el Huila, se ha declarado un estado de alerta en la región. Lara advirtió sobre la presencia de estos grupos armados ilegales en varios municipios huilenses y la importancia de impedir su avance hacia territorio local.
«Una de nuestras prioridades es garantizar la seguridad de nuestras fronteras y evitar que el Huila vuelva a caer en la violencia del pasado«, enfatizó el funcionario. Destacó la coordinación entre el Ejército Nacional y otras instituciones para proteger la integridad de la región y prevenir cualquier intento de desestabilización por parte de grupos armados.
Compromiso con la paz
En medio de esta situación de incertidumbre, las autoridades y la comunidad huilense reafirman su compromiso con la paz. «Nosotros le apostamos a la paz, y exigimos responsabilidad por parte de todas las partes involucradas para garantizar su cumplimiento«, declaró Lara. En un contexto marcado por la amenaza de la violencia, el Huila se mantiene firme en su determinación de construir un futuro seguro y próspero para todos sus habitantes.
La incertidumbre en el Huila se ve agravada por la proximidad de la fecha en que se levanta el cese al fuego, fijado para el miércoles 20 de marzo a la medianoche. Esto ha generado un clima de tensión y preocupación entre la población local, especialmente en municipios como La Plata, donde ya se han registrado desplazamientos masivos como resultado de la presión de grupos armados ilegales.
Edgar Martín Lara reconoció que el Huila es un objetivo estratégico para las disidencias, dado su papel como corredor entre diferentes regiones del país. «Sabemos que este corredor es crucial para los grupos delincuenciales, ya que facilita el transporte de sustancias ilícitas y otras actividades ilegales«, afirmó Lara. Esta situación ha llevado a las autoridades a intensificar las medidas de seguridad en la región, con el objetivo de proteger a la población y evitar que el conflicto armado vuelva a cobrar fuerza en el Huila.
En última instancia, la comunidad huilense espera que el gobierno nacional y los grupos insurgentes encuentren una solución pacífica y duradera que garantice la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. Mientras tanto, el Huila permanece en estado de alerta, listo para enfrentar cualquier desafío que se presente en su búsqueda de paz y prosperidad.
Fin del cese al fuego
El presidente Gustavo Petro, tomó la decisión de suspender el cese bilateral del fuego con el Estado Mayor Central (Emc) de las FARC, una disidencia liderada por alias ‘Iván Mordisco’, en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Este anuncio se produce tras un ataque del grupo armado contra la minga indígena en la región.
El decreto presidencial número 0385 del 17 de marzo de 2024 establece la reanudación de las operaciones militares y policiales en contra de estas estructuras disidentes a partir de la medianoche del día 20 de marzo en los mencionados departamentos. Este grupo surgió tras la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC y es liderado por ‘Mordisco’, quien no se sometió al proceso de reincorporación.
El presidente Petro ha afirmado que la decisión de suspender la tregua se debe al ataque perpetrado por el Estado Mayor Central contra la minga indígena en Toribío, Cauca, después de que esta saliera del diálogo propuesto por el gobierno. Este acto violento constituyó una violación del acuerdo de cese al fuego vigente desde enero del presente año, con posibilidad de extensión hasta el 15 de julio.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, previo a la firma del decreto presidencial, había ordenado la suspensión de las operaciones militares y policiales en cumplimiento del Protocolo de Reglas y Compromisos acordado entre las partes en la Mesa de Diálogos de Paz. Sin embargo, el reciente ataque de la disidencia de las FARC contra la minga indígena ha llevado al presidente Petro a revertir esta medida y reanudar las acciones militares en contra del grupo armado.
A pesar de la suspensión del cese al fuego, fuentes cercanas a la Casa de Nariño han señalado que esto no implica necesariamente la interrupción de las negociaciones de paz, aunque sí se podrían evaluar nuevas condiciones. La situación en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca continúa siendo de alta tensión mientras las autoridades adoptan medidas para enfrentar la actividad de las disidencias de las FARC en la región.
