La sociedad colombiana se encuentra hastiada por la forma alcabalera que han implementado los gobiernos anteriores para establecer los sistemas de cobro en los peajes que se ubican a lo largo de las vías que se construyen o se mejoran. En otrora, no existían estos cobros irracionales. El Estado era el responsable del desarrollo de la infraestructura vial del país. Pero la corrupción y los incontables sindicatos de trabajadores que se crearon en su época, llevaron al Estado a partir de la década de los años 90 del siglo anterior, a replantear esta política pública. Se trasladó esta responsabilidad al sector privado. Y ahí, empezó el verdadero viacrucis para los propietarios de todos los vehículos públicos y particulares.
Se estima que los peajes pesan el 12% del total de los costos operativos del sector del transporte. No bastan las incontables y permanentes reformas tributarias que se inventan los gobiernos de turno, para sanear sus finanzas públicas nacionales, para lo cual se inventan peajes en cualquier sitio de las vías, a pesar de la oposición de las comunidades y del sector transportador, porque afectan permanentemente su estabilidad económica. El Estado se ha vuelto insaciable y no le interesa el bienestar de las familias colombianas. Además, algunos expertos en la materia expresan que existen irregularidades y denuncias sobre supuestos hechos de corrupción para adjudicar dichos peajes en el país, pero que a la fecha no se tienen resultados de las investigaciones.
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En muchos casos, los estudios técnicos y económicos que se realizan para justificar la ubicación de dichos peajes no reflejan la verdadera realidad social y económica de los usuarios permanentes que utilizan estos trayectos viales. El gobierno nacional debe reglamentar a través de una Ley que la distancia mínima lineal entre èstos, sea de 150 kilómetros, contados a partir del último cobro efectuado en carreteras nacionales, algo que se está implementado en diferentes países donde la distancia mínima llega a los 200 kilómetros para evitar abusos. Para nuestro departamento, sería un gran alivio. En solo 150 kilómetros, existen cuatro peajes. Los de Altamira, los Cauchos, los ubicados en la salida a Bogotá y el de la Palmita.
Por este motivo, es plausible el Decreto Presidencial que congela la tarifa de los peajes durante el presente año, con el fin de aliviar la carestía que está experimentando los hogares colombianos, por la desbordada alza de precios de bienes y servicios que ha impactado negativamente el bienestar de las familias colombianas. Esta medida se convierte en verdadero alivio para los conductores que transitan por estos corredores viales, donde se encuentran ubicados estos peajes. Existe una duda jurídica con las empresas concesionarias que tiene contratos firmados desde hace años, cómo se van a financiar estos desfases financieros que se van a ocasionar por esta determinación oficial.
