El presidente Gustavo Petro, señaló que el objetivo central de su Gobierno es reducir drásticamente las cifras de masacres en Colombia, trabajando para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de vivir en una nación en paz total.
En un mensaje reciente en su cuenta oficial, el mandatario expresó su preocupación por el crecimiento exponencial de las masacres durante el gobierno anterior de Duque, afirmando que detener ese crecimiento no es suficiente. Petro subrayó la importancia de implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz con las FARC, firmado en 2016, como un medio para reducir tanto los homicidios individuales como los colectivos.
“Hacer trizas la Paz costó este crecimiento exponencial del número de masacres en el gobierno de Duque. La cifra del 2023 muestra que se detuvo el crecimiento, pero no me gusta para nada. Esa curva debe disminuir sustancialmente en mi gobierno”, dijo Petro.
El presidente Petro comparó las cifras actuales con las del periodo del Acuerdo de Paz, destacando que el país se mantiene en un estado similar al que dejó el gobierno anterior. Sin embargo, resaltó que el número de víctimas es inferior al registrado a principios del siglo XXI, antes de la firma del acuerdo con las FARC.
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El Acuerdo de Paz de 2016 fue identificado por el presidente como un factor clave para la reducción de masacres, y destacó que la proliferación de grupos armados ilegales se relaciona con la falta de implementación efectiva del acuerdo.
Hasta el 4 de diciembre de 2023, se han registrado 90 masacres, dos menos que en el mismo periodo del año anterior. Según el Observatorio de DDHH y Defensa del Ministerio de Defensa, la mayoría de las masacres se deben a ajustes de cuentas entre miembros de grupos armados ilegales, no afectando principalmente a la población civil.
El presidente Petro también propuso un Acuerdo Nacional que involucre a todos los partidos, gremios, asociaciones y la sociedad civil, desligando la paz de la coyuntura política cotidiana. Además, abogó por que los temas de paz sean establecidos como política de Estado, asegurando que el derecho a la paz sea asumido por el Estado colombiano más allá de los cambios de gobierno.
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