La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a cuatro miembros de la Policía Nacional, incluyendo a un capitán, un intendente y dos patrulleros, acusados de estar involucrados en un caso de supuestas interceptaciones ilegales a dos exempleadas de la exjefa de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia Torres, y a dos personas cercanas a una de las empleadas.
Según las investigaciones, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas habrían presentado informes falsos ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Quibdó, Chocó, en enero de este año. Los informes, sustentados en testimonios falsos de una supuesta fuente humana, habrían llevado al fiscal a autorizar las interceptaciones de dos líneas telefónicas que se creía pertenecían a colaboradoras del ‘Clan del Golfo’, pero que en realidad eran las exempleadas de Sarabia Torres.
Posteriormente, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla habrían presentado informes policiales a una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, solicitando la autorización para intervenir las comunicaciones de tres personas. Estas personas, que se creía eran peligrosos miembros de un grupo delincuencial, eran la exniñera del hijo de Sarabia Torres y dos amigos cercanos a ella. Se alega que los uniformados presentaron información errónea a los fiscales para obtener estas autorizaciones.
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Los cuatro exfuncionarios de la Policía están acusados de cometer los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Además, el intendente Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla enfrentan un cargo adicional de falsedad material en documento público agravado. Ninguno de los acusados aceptó los cargos presentados en su contra.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas y el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua. Por su parte, a la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla se le impuso una medida no privativa de la libertad.
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