A medida que se aumentan las transgresiones a la normatividad penal en el país, se siguen incrementando el número de presos en algunas regiones colombianas. Este desbordamiento en las cárceles ha obligado a las autoridades carcelarias la utilización de los centros transitorios de reclusión en las estaciones de policía o en centros improvisados establecidos por las administraciones municipales. Esta situación se ha convertido en un caos, por el hacimiento que están provocando con sus secuelas sanitarias, adecuaciones locativas deficientes y la falta de seguridad por el alto riesgo de fugas que frecuentemente se generan. La capacidad de respuesta de la Fuerza pública es débil.
Con un sistema carcelario que registra un hacinamiento de 57,6% en el departamento del Huila sin tener la estadística de la Cárcel de Garzón, donde se incluyen las cárceles de Rivera, La Plata, es muy preocupante el panorama de hacinamiento. En el país la situación es alarmante. El gobierno nacional tiene hoy el desafío urgente de evitar que los centros penitenciarios sean escenario de una verdadera catástrofe. Algunos fiscales y jueces han optado por autorizar, que salgan de las celdas personas responsables de ciertos delitos para que se les permita purgar la pena en sus domicilios, lo cual genera inquietud en la sociedad colombiana. Es comprensible en un país en el que la seguridad ciudadana es un problema que últimamente viene creciendo, y en el que son evidentes las falencias del Inpec en la labor de monitorear a quienes gozan del beneficio de la detención domiciliaria.
Pero hay que entender que del otro lado de la balanza está el peligro de un avance de conflictos violentos en estos lugares, que cobre un número enorme de vidas humanas. Es una situación a todas luces excepcional. Hay que entender también que el precario sistema de salud de la población carcelaria difícilmente podría lidiar con un escenario así, por lo que es necesario un alivio.
Durante la anterior semana se ha denunciado el hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria en la ciudad de Neiva, donde se encuentran en las bodegas de Alpina, 201 detenidos, cuya capacidad es de 85. En el del Barrio Bogotá, está privados de la libertad 20, cuya capacidad es de 15. En el Centro de mujeres en el Caguán la capacidad es de 8 femeninas y se encuentran 14. Lo anterior representa un hacinamiento del 112,3%. Esta situación genera preocupación no solamente por la vulneración de los derechos humanos de los presos, sino por el riesgo que corre la fuerza pública e inclusive que se genere un motín. Por este motivo, se hace un llamado al unísono de las entidades del Gobierno Nacional, frente a la preocupante situación de hacinamiento en estos improvisados centros de reclusión, que generan alarma por las anteriores razones.
