Por: Alfonso Vélez Jaramillo
Aunque estoy plenamente de acuerdo con el paro y la marcha de ayer presionando al gobierno a retirar el proyecto de reforma tributaria que presentó al Congreso, nunca estaré con la violencia, como creo que va la inmensa mayoría.
Todo iba bien en Neiva, hasta cuando varios individuos atentaron sin razón contra monumentos y establecimientos comerciales, lo cual obligó a la policía a intervenir para evitar mayores afectaciones.
Derribaron la estatua de Misael Pastrana, el busto del Diego de Ospina, que lo pasearon como si fuera un gran trofeo y dañaron algunos locales comerciales.
No hay excusas ni pretextos, ni tienen como responsabilizar al Esmad, porque el alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, en aras de garantizar la realización de la protesta pacífica ordenó que no salieran a las calles.
Una falacia lo manifestado por el Consejo Superior Estudiantil de la Usco, que responsabilizó a la fuerza pública de los desmanes.
Así se me caigan rayos y centellas, ayer la policía debió lanzar gases lacrimógenos para calmar los ánimos de unos 15 encapuchados y mimetizados entre los estudiantes y la multitud de ciudadanos pacíficos.
El mandatario aclaró que la administración municipal y el Consejo Municipal de Paz, determinaron brindar garantías a la marcha, pero quienes hicieron los daños faltaron al compromiso adquirido a través de su delegado ante ese organismo, de marchar de manera pacífica.
El gobierno no puede permanecer sin recursos, por esta razón es entendible recaudar impuestos, pero en su debida proporción y oportunidad.
No se concibe y es condenable que el gobierno luego de un proceso de paz, compre naves de combate y armamento por más de 10 mil millones de US, existiendo hambre en todos los rincones del país.
Menos que pretenda tapar el hueco fiscal con la clase media y baja, pese a que intentó salvar a Avianca, hoy día, una empresa privada de capital extranjero, tampoco que le hubiera entregado la plata de la reactivación económica a los bancos de Sarmiento Angulo, que no llegó a nadie.
Lo peor, que ahora pretenda recuperar esos recursos en una confiscatoria reforma tributaria al pueblo colombiano, que un 80 por ciento vive en la informalidad.
Es decir, estamos padeciendo los rigores de una crisis total a consecuencia de la pandemia y el gobierno atacando luego de invertir la plata mal.
No es mentira, muchas familias a esta hora no tienen nada que comer, y bastantes sin trabajo y con tres o cuatro hijos que ni siquiera han desayunado.
Podemos afirmar que estamos ante un gobierno sin criterio, que no ha sabe cómo manejar la situación, ni para dónde va, ni tiene liderazgo propio.
Exprimir a quienes no tenemos de donde pagar, ni paradójicamente gozamos de la seguridad que dice ofrecer el gobierno, es un atentado contra la tranquilidad.
La manera como pretenden la maquillada Reforma, es digna de una dictadura civil, con los organismos de control a su favor, pero sin la autorización y gobernabilidad del pueblo, es una tiranía y no conjuga el interés general.
Concurrir a un juez para que 18 horas antes en un fallo político ordene evitar la marcha son patadas de ahogado, el mismo gobierno promovió los transnochones para las grandes superficies que si dispararon el contagio de coronavirus, no tiene presentación.
La administración Duque, más bien parece la tercera dirección en cuerpo ajeno de Álvaro Uribe.
Se dieron cuenta que ni los partidos políticos quieren comprometerse y el ministro Carrasquilla pretende apagar el incendio desesperado convocando a un acuerdo, cuando debió haberlo formulado antes y no como dictatorialmente se hizo.
Se equivocaron de nuevo y como el antiguo aforismo romano en latín «Nemo dat quod non habet», traducido «Nadie da lo que no tiene».
En esa situación, el Gobierno de Iván Duque, con sus legisladores, los órganos de control y la justicia no le puede quitar al pueblo lo que no tiene «Nemo dat quod non habet», que retire la reforma tributaria, si quiere un país en paz.
