El ente de control alertó de los riesgos al patrimonio público por la estimación del presupuesto del contrato VE-629-2023, pues el valor de este alcanza los $ 8.375.000.000, casi seis veces el valor de contratos celebrados por la ANI con objetos similares.
La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre posibles riesgos en la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debido a la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
La preocupación de la Procuraduría radica en que, según sus requerimientos, este contrato podría vulnerar el principio de autonomía de las entidades territoriales y el principio de autonomía de la voluntad de las partes en los contratos estatales. Esto se debe a que la ANI no tendría la potestad para evaluar proyectos en los que no actúa como contratista ni contratante.
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Además, la Procuraduría señala que la ANI podría haber desconocido el Estatuto de Contratación Pública al elegir al contratista sin respetar la pluralidad de oferentes, el concurso de méritos y el principio de transparencia.
Tras evaluar los documentos del proceso de contratación y las respuestas de la ANI, se han identificado actuaciones que podrían constituir presuntas irregularidades. Estas preocupaciones se han plasmado en un informe con el objetivo de que la Procuraduría inicie una investigación disciplinaria para determinar posibles faltas disciplinarias y aplicar las sanciones correspondientes.
La Procuraduría General de la Nación continuará vigilando el desarrollo de este proceso con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad en los contratos estatales.
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