Procuraduría pide a la JEP priorizar investigación sobre tortura en casos de «Falsos Positivos»
La Procuraduría ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que priorice la investigación sobre casos de tortura ejercida contra la población civil por parte de agentes del Estado en el macrocaso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como «Falsos Positivos».
Durante su intervención en una audiencia pública que reunió a víctimas y comparecientes del subcaso Casanare, el procurador delegado con funciones de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, mencionó 15 casos específicos y afirmó que en estos y otros asesinatos similares, el Ministerio Público ha encontrado evidencia de que las víctimas fueron sometidas previamente a violencia física y emocional, incluyendo elementos de tortura.
«Existen diferentes pruebas en los expedientes de la justicia penal ordinaria, como necropsias y testimonios, que, cuando se contrastan con las declaraciones realizadas aquí, revelan la configuración de tortura tanto física como psicológica«, explicó el delegado.
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Así mismo, Acosta Aristizábal destacó la necesidad de que la magistratura de la JEP realice una evaluación rigurosa debido a la gravedad de las conductas de tortura. Señaló que esta evaluación ha sido insuficiente en el auto de determinación de hechos, especialmente considerando que el texto contiene elementos que sugieren la configuración de tortura en diversas modalidades del patrón criminal.
El papel del extinto DAS en relación con la Brigada 16 del Ejército en la planeación y ejecución de estos crímenes también fue abordado por el procurador Acosta. Señaló la importancia de determinar claramente el rol y funcionamiento del DAS Casanare en relación con el patrón criminal investigado.
«La Procuraduría ha criticado la concepción de ‘satélite’ que la JEP tenía sobre el papel del DAS Casanare, ya que no se puede aceptar la teoría de que esta entidad se vinculó al Ejército únicamente mediante relaciones institucionales para el intercambio de información, sin analizar el vínculo criminal que existió entre esta agencia de inteligencia civil y la Brigada 16», aclaró Acosta Aristizábal.
El Delegado también subrayó que la participación del DAS y otras agencias de inteligencia estatales, reconocida en la audiencia por el entonces comandante de la Brigada 16 y otros exagentes del DAS y el grupo Gaula, debe ser objeto de investigación. «Excluir al DAS Casanare del objeto de la investigación es desconocer que esta agencia fue un actor importante en la selección de las víctimas, su ejecución y el encubrimiento de los hechos».
En relacen con esta cuestión, Acosta reveló que la información recopilada en los diferentes subcasos y desde los expedientes de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP sugiere que el DAS participó en asesinatos y desapariciones también en Arauca, Tolima, La Guajira y Caquetá.
«La actuación del DAS parece haber sido recurrente y sistemática en todo el territorio nacional, no limitándose a la elaboración de información falsa para respaldar operaciones ficticias, sino también involucrándose directamente en los asesinatos y, en algunos casos, en la planificación conjunta de las operaciones falsas», añadió el Delegado.
Al concluir su intervención, planteó varias preguntas que la JEP deberá responder en su investigación, particularmente sobre la supuesta existencia de directrices a nivel nacional en estas entidades para la comisión de los crímenes. «Frente a esta situación, es necesario preguntarse: ¿qué llevó a diferentes seccionales del DAS a aliarse con miembros de la fuerza pública? ¿Podría haber elementos comunes que vinculen a estas seccionales y que provengan de una política nacional? Si es así, ¿en qué consistieron estos elementos comunes, dado que, en principio, los agentes del DAS no eran evaluados en función de bajas en combate? Estas son preguntas que aún quedan pendientes de respuesta en el caso de Casanare».
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