La Procuraduría General de la Nación expresó su posición respecto al viaje de la primera dama, Verónica Alcocer, como Embajadora en Misión Especial al Vaticano en enero del año pasado.
La entidad sostiene que Alcocer no debía haber asumido dicho rol ni recibir los correspondientes viáticos como funcionaria pública, según lo establecido en el artículo 126 de la Constitución.
En el marco del proceso que evalúa los costosos viajes de Alcocer y su comitiva, la Procuraduría le ha solicitado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se estudia la demanda, que dé razón a dicha solicitud.
La Procuraduría ha enviado un extenso concepto al Tribunal, destacando que el presidente de la República infringió esta disposición al expedir el Decreto 0035 de enero de 2023, designando a su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García, como Embajadora en Misión Especial. Se enfatiza que Alcocer no es una servidora pública, por lo que no debería ser destinataria de comisiones ni viáticos regulados para los servidores públicos.
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“Para esta Agencia del Ministerio Público, el señor Presidente de la República infringió dicha disposición, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones, expidió un Decreto en el que designa o nombra como Embajadora en Misión Especial a su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García, persona con la cual está ligado por matrimonio o unión permanente”, señala.
Basándose en estas razones, el Ministerio Público solicita al Tribunal que acceda a las pretensiones de nulidad de la demanda, referente al decreto que comisionó a la primera dama como Embajadora en Misión Especial.
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