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Proponen declarar el Cementerio Central como bien de interés público

Feb 2, 2024

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El conflicto armado ha dejado historias de muerte y dolor en Colombia, así desde el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, lograron ubicar a un joven, cuyos padres se encuentran desaparecidos y existen altas probabilidades, que las osamentas reposen en el Camposanto.

La idea de convertir el Cementerio en un bien de interés público, es importante, debido a que allí reposa parte de la historia del Huila, pues se encuentran los restos del soldado, Gerardo Cándido Leguízamo, quien luchó en la guerra entre Perú y Colombia, asimismo del periodista, Reynaldo Matiz, el del subversivo, Saúl Quintero, entre otras personas.

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La propuesta civil

En este sentido, Andrea Jiménez, directora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh), señaló: “a través del trabajo que hemos hecho con las familias buscadoras, quienes creen que los cuerpos de sus seres queridos reposan en el Cementerio Central de Neiva, hemos venido construyendo diferentes propuestas, una de ellas, es declarar el Camposanto, como bien de interés público. Es importante establecer a quien le pertenece el mismo, ya que esto va a permitir generar algunas acciones, que permitan garantizar la memoria histórica en el marco del conflicto, para que se pueda dignificar la lucha de las familias víctimas de la violencia”.

En este sentido la Parroquia La Inmaculada y la Diócesis de Neiva, han venido reclamando la propiedad de este predio.

Ya el 10 de agosto de 2021, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares por un año en el Cementerio Central de Neiva, que está bajo la administración de la Parroquia de la Inmaculada Concepción desde 1883, para proteger los cuerpos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada del conflicto armado.

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Más de 142 personas han sido inhumadas

Desde Obsurh, han realizado un proceso investigativo, donde analizaron 142 actas de necropsia, y sostienen contacto con 12 familias, quienes creen que sus allegados reposan en las mencionadas instalaciones.

“Y en un trabajo mancomunado con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, este año logramos el encuentro de una persona viva, vinculada a estas familias buscadoras y tenemos certeza, que los padres del joven, se encuentran inhumados en el Cementerio Central. No sabemos exactamente en donde, pero esperamos en ese proceso de intervención de la Unidad de Búsqueda, se reconozca el paradero y puedan ser entregados de manera digna a esta familia”, agregó la directora.

Cabe recordar que varios cuerpos de guerrilleros, que perdieron la vida en combates y no fueron reclamados por sus familiares, fueron sepultados en las bóvedas con la respectiva acta.

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Los malos manejos administrativos

Entre los análisis realizados, las investigadoras lograron identificar, que los cuerpos eran inhumados por parte del sepulturero, y luego de cinco años, los restos mortales eran retirados de los sitios y depositados en fosas comunes.

“En estos sitios, no contaban con los protocolos o de cuidado para preservar las osamentas. Tenemos certeza por ejemplo que los restos del señor Juan Carlos Aguirre Macías, quien fue una víctima de ejecución extrajudicial en la modalidad de falso positivo cometida por el Ejército Nacional, fue inhumada en el Cementerio Central, cuatro años después de su desaparición, es entregado a la familia y posteriormente, cuando se vence el término de arrendamiento de la bóveda, la parroquia hace la exhumación del cuerpo y ha sido ‘paseado’ al interior del lugar y actualmente, no se tiene certeza donde se encuentra”, añadió la directora del Observatorio.

La familia reclama que se vuelva a hacer el reconocimiento, así como la entrega del ser querido de manera legal y con certeza, porque no están convencidos de que los restos, sean su allegado.

Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz, podría adelantar los mínimos de responsabilidad jurídica, para establecer, porque ‘movieron’ los cuerpos, si son objeto de investigaciones. Además, existen cuerpos que se encontrarían en el Camposanto, pero no se tiene conocimiento con exactitud, donde reposan.

Caso que da cuenta del ‘desorden’

En este sentido y en relación al desorden administrativo que hay en el Camposanto en mención, Mauricio Aguirre, indica que su hermano, Juan Carlos, quien fue asesinado por militares pertenecientes al grupo Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas del Ejército Nacional de Colombia (AFEUR), se encuentra ‘desaparecido’.

Posterior al homicidio de Juan Carlos, los allegados reconocieron el cuerpo de la víctima, que se encontraba en la bóveda número 220 en el monumento, siendo entregado el 3 de julio de 2012.

“Hice un contrato con el obispo, Froilán Casas de la Parroquia La Inmaculada por cinco años y llevé el cuerpo a la bóveda 764 y le indiqué al sepulturero que no lo podían mover, porque se estaba investigando el caso y el sacerdote, ordenó de manera atrevida, grosera, sacar los restos y desde ese momento lo ha puesto a ‘circular’ por todo el Cementerio. Ahora no sé si los restos de mi allegado, son los de él realmente y de no ser así ¿quién me responde? Es que morirse en Neiva, se ha vuelto un ‘negocio’ para los curas y además, a nosotros no nos pidieron consentimiento”, agregó Mauricio.

El homicidio del vendedor

En cuanto al asesinato del vendedor, se conoció que a las 12 del mediodía del primero de febrero del 2008, alguien en quien Juan Carlos Aguirre Macías confiaba, lo sustrajo de su hogar; un hombre que durante un año tejió una red de amistad bajo una fachada de camaradería. La madre de Juan Carlos, Gladys, recuerda cómo ese día su hijo ayudó con el almuerzo, disfrutó de unas lentejas, y cómo, sin decir palabra, se marchó con aquel supuesto amigo, quien le anunció que era hora de partir para un trabajo que les habían asignado.

Cuatro años después, un aviso en la emisora Hjdoblek, revelaría la verdad que la familia Aguirre Macías temía: debían presentarse en la Fiscalía para reconocer el cuerpo de su allegado. Sin embargo, lo que parecía un paso hacia el cierre, se convirtió en una pesadilla, cuando les informaron que su hermano estaba en la Justicia Penal Militar, catalogado como guerrillero, y que debían reclamar el cuerpo al Ministerio de Defensa.

En este sentido, Andrés Felipe Ramírez Gómez, quien en 2008 era comandante y subteniente de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR), fue uno de los implicados en el asesinato. Ramírez Gómez, reveló que la persona que había hecho inteligencia durante un año a Juan Carlos lo sacó de su casa, lo llevó a la vereda Potreritos cerca del municipio de Íquira, lo revisaron, lo golpearon y finalmente, él mismo le disparó. Los otros tres militares vinculados al caso son James Horacio Garnica Muñoz, Luis Esper Charry Solano y Wilfredo Villamizar Bautista, también le dispararon a sangre fría.

Ahora a doña Gladys y a Mauricio, madre y hermano, les sacaron muestras de ADN para cotejarlas con los de Juan Carlos, para de esta manera establecer con certeza que los restos mortales, sean los de la víctima mortal y la familia tenga un poco de tranquilidad.

Fallecidos y memoria

Por su parte, Eloísa Lamilla, antropóloga y quien ha realizado investigaciones del Cementerio Central, expresó: es un lugar emblemático donde están enterrados durante más de dos siglos los personajes fundamentales, que construyeron la historia de nuestro departamento: trabajadores, obreros, mujeres amas de casa, y un sinfín de otros oficios hacen parte de nuestra historia local y regional de memoria”.

Por lo anterior, es importante exaltar esa memoria y las múltiples ubicadas allí y que están interpelando, también de esta realidad sobre el conflicto y la guerra, “que nos ha atravesado como departamento, que a veces nos negamos a ver, porque es muy dolorosa y está latente en el Cementerio, donde no solo están los militares que participaron en estas guerras, sino también las víctimas, desafortunadamente muchas de ellas fueron desaparecidas y pues fueron ejecutadas de manera ilegal estamos pidiendo también que ellos tengan un lugar una reparación simbólica”, finalizó la investigadora.

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