El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia emitió un protocolo para la aplicación de artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana relacionados con la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas del espacio público.
Esta medida se lleva a cabo en estricto cumplimiento de la Sentencia C-127 de 2023 emitida por la Corte Constitucional.
El documento establece pautas para los entes territoriales y sus autoridades de policía, priorizando la protección y prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Subraya que las autoridades están facultadas para regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas dentro de la autonomía territorial y sus competencias legales.
Los lineamientos generales del protocolo incluyen:
Protección Integral e Interés Superior de los NNA: El protocolo resalta la importancia de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la restricción del consumo de sustancias psicoactivas.
Diferenciación en el Tratamiento Legal: Se hace hincapié en la distinción entre el porte de dosis para uso personal y el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
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Principio de No Discriminación: Se enfatiza la aplicación del principio de no discriminación frente a las personas que consumen sustancias psicoactivas.
Enfoque de Salud Pública y Derechos Humanos: Se destaca la necesidad de abordar el consumo de sustancias psicoactivas desde enfoques de salud pública, derechos humanos y respeto a la diferencia.
El Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, explicó que el protocolo proporciona una guía que, aunque no es vinculante, enfatiza los derechos de los NNA. «Se trata de una guía que hace énfasis en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que las administraciones locales tengan en cuenta circunstancias de modo, tiempo y lugar», afirmó.
Osuna Patiño también señaló que el protocolo busca activar la ruta integral de atención para la población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y adicciones.
Además de cumplir con la orden de la Corte Constitucional, el protocolo responde a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacando la adopción de alternativas a la penalización y la importancia de políticas que fomenten la no discriminación de los consumidores.
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