Ante los diferentes hechos de violencia que se han registrado en el Huila y otros departamentos del país, el Diario del Huila, dialogó con expertos para establecer el por qué de esta situación que parece colarse con más fuerzas en el día a día.
Diario del Huila, Huila
Por: Gloria Camargo
La preocupación por el aumento de la violencia en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, según diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. El recrudecimiento de la violencia se ha hecho evidente debido a la presencia de actores armados en varias regiones del país, incluyendo el Huila.
Los ataques a la fuerza pública han experimentado un preocupante incremento, lo que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y genera un clima de temor en las comunidades afectadas.
La situación en Colombia se agrava con disputas territoriales entre delincuentes que impactan directamente a la ciudadanía. Las economías ilícitas han establecido su dominio en diversos territorios, lo que repercute negativamente en la calidad de vida de los habitantes y obstaculiza el desarrollo de las regiones.
La presencia de actores armados y las acciones criminales han llevado a un creciente deterioro de la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.
La tensa situación se ve agravada por el contexto electoral que enfrenta el país en el presente año, por lo que las autoridades han manifestado su preocupación ante las amenazas provenientes de estructuras criminales que buscan influir en el proceso electoral.
Ciudadanos y candidatos corren un alto riesgo, ya que las amenazas y la violencia podrían interferir en todas las etapas del proceso democrático, poniendo en entredicho la integridad del mismo y socavando la confianza en las instituciones.
Por lo cual, las organizaciones defensoras de derechos humanos llaman a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad y protección de todos los actores involucrados en el proceso electoral.
Perspectiva histórica
En una entrevista exclusiva con el Diario del Huila, Jairo Ramírez Bahamón, reconocido historiador y docente pensionado, abordó los preocupantes factores que han contribuido al recrudecimiento de la violencia en Colombia durante el último año.
En especial, hizo hincapié en los graves hechos de seguridad y orden público que han afectado al departamento del Huila.
El historiador remontó el origen de estos problemas a la época del Gobierno de César Gaviria Trujillo y el Nuevo Liberalismo en la década de los 90.
Según Bahamón, las políticas implementadas en esa época, basadas en experimentos tomados de Chile, llevaron a la privatización de la salud, educación y a la reducción de derechos laborales, en beneficio de los empresarios y en detrimento de los trabajadores.
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Estos antecedentes históricos, según el experto, han dejado una huella en la sociedad colombiana y podrían estar contribuyendo a la situación actual.
Otro aspecto señalado por Bahamón en relación con el recrudecimiento de la violencia es el tema económico, específicamente generado por los Tratados de Libre Comercio (TLC).
El historiador sostiene que estos acuerdos comerciales han afectado la producción agrícola en el país. A pesar de ser una nación autosuficiente en la producción de arroz y maíz en el pasado, la apertura económica y los TLC han llevado a una dependencia del exterior en estos rubros, generando desempleo y privando a una parte de la población de tierras, lo cual ha contribuido a agudizar la violencia.
Bahamón hizo énfasis en que la llegada de los TLC fue presentada como una solución redentora para el país, pero los resultados no han sido los esperados, dejando un saldo de poblaciones marginadas y empobrecidas.
Esta situación, según sus palabras, se traduce en un terreno fértil para la aparición de brotes de violencia y conflicto social en diferentes regiones, como el Huila, que han experimentado graves hechos de inseguridad y violencia.
La creciente falta de oportunidades y la exclusión de amplios sectores de la población han creado un caldo de cultivo propicio para la proliferación de grupos armados ilegales y actos de violencia.
Bahamón advierte que, a medida que se profundizan las desigualdades económicas y sociales, se corre el riesgo de que la violencia siga en aumento, generando una preocupación generalizada tanto a nivel local como nacional.
¿Realidad o percepción?
El reconocido historiador y docente pensionado, Ramírez Bahamón, advirtió que el actual panorama de violencia en Colombia es el resultado de un «coctel» social acumulado a lo largo del tiempo.
Aunque resalta que esta realidad de violencia ha sido similar en gobiernos pasados, destaca que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en visibilizar el problema.
Con la aparición de grandes medios sociales, ahora cualquier movimiento social puede obtener un amplio despliegue, lo que ha contribuido a hacer más evidente la situación actual, refirió.
En línea con estas preocupantes declaraciones, Johana Elena Rojas Herrera, Defensora del Pueblo para el departamento del Huila, recientemente denunció que la región sigue siendo escenario de constantes atentados y violencia que ponen en peligro la vida y la integridad de sus habitantes.
Para Rojas Herrera, esta situación no se trata simplemente de una percepción subjetiva, sino de una realidad tangible que afecta gravemente a la comunidad local.
La Defensora del Pueblo resaltó el esfuerzo de su entidad para acercarse a aquellos sectores de la población que, por diversas razones, no pueden ser escuchados directamente. La falta de acceso y presencia institucional en ciertas áreas del departamento ha dificultado la articulación de políticas públicas eficaces.
Sin embargo, se muestra satisfecha por haber logrado generar confianza en esos sectores y llevar la información necesaria a las autoridades centrales para impulsar acciones efectivas.
Ante la preocupante situación de violencia en el Huila, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamado a considerar la región como una zona prioritaria en la implementación de una nueva política de seguridad humana.
La representante de la ONU resalta la necesidad de abordar la violencia desde una perspectiva que ponga en el centro la protección de los derechos humanos y el bienestar de la población afectada.
Los llamados de atención de expertos y funcionarios en derechos humanos coinciden en que la situación en el Huila es alarmante y requiere una respuesta urgente y efectiva. La violencia persistente y los constantes atentados han creado un clima de inseguridad en la región, afectando la calidad de vida de sus habitantes y obstaculizando el desarrollo y progreso de la zona.
Mapa electoral
En medio del calendario electoral que va desde octubre 29 de 2022 hasta abril 29 de 2023, una preocupante situación de violencia ha sido evidenciada por la Misión de Observación Electoral (MOE).
Según sus registros, se han reportado 634 hechos de acciones armadas y amedrentamientos perpetrados por estructuras criminales contra la población civil en los primeros seis meses del proceso.
La MOE señala que esta cifra representa un alarmante aumento del 141 % en la violencia durante el periodo de elecciones, comparado con el mismo lapso en 2019, cuando solo se registraron 262 hechos de esta naturaleza. Estos datos revelan una situación de seguridad preocupante y plantean interrogantes sobre las causas que han llevado a este incremento.
De acuerdo con la veeduría, el 51 % de los actos violentos ocurrieron en los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. Por otro lado, en departamentos como Sucre, Atlántico, Magdalena, Huila, Santander y Bolívar, se ha experimentado un aumento de más del 350 % en comparación con los comicios de 2019.
La MOE ha identificado diversas acciones llevadas a cabo por los criminales en los territorios durante el proceso electoral, entre ellas, la cooptación de liderazgos sociales y comunales.
Además, se han registrado prácticas de gobernanza criminal, tales como restricciones a la movilidad, extorsiones y acciones de empadronamiento.
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Específicamente, en algunas zonas rurales, se ha observado un fenómeno inquietante de «carnetización» de ciudadanos. Alejandra Barrios, directora de la MOE, expresó su preocupación al respecto y subrayó la necesidad de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva sobre estas áreas y la posible implicación de los empadronamientos en el apoyo forzado a determinadas candidaturas.
