El sistema nacional de salud viene atravesando una profunda crisis desde tiempos atrás por la falta de controles estatales para corregir las falencias que presenta este vital servicio para las familias colombianas. La iniciativa que presentó el gobierno nacional a consideración del Legislativo para reformar la salud empezó a generar la más gran polarización política en todos los sectores de la opinión pública a favor o en contra de este modelo. Al inicio del actual periodo presidencial, la ciudadanía empezó a escuchar las quejas masivas de los pacientes que acudían a las EPS, por la deficiente prestación de éste, producto de la decisión amenazante, ostentosa, mal intencionada y profética de algunos funcionarios del alto gobierno, liderados por la Ministra de Salud y Protección Social de la época, Diana Carolina Corcho Mejía de acabar por las buenas o a las malas las EPS lo cual generó una reacción de la sociedad colombiana.
Se inició un proceso de disminuir paulatinamente los giros legales que el fondo Adres a las EPS, generándoles una incapacidad financiera para atender los compromisos adquiridos con la red hospitalaria del país. Este fondo administra las diferentes fuentes de financiación del sistema de salud colombiano, entre ellas, las cotizaciones al sistema de salud, aportes por solidaridad de Regímenes de Excepción y Especiales y cotizaciones por ingresos adicionales y los recursos del Sistema General de Participaciones (salud). Por tal motivo, los resultados no se hicieron esperar. La Superintendencia Nacional de Salud, empezó el proceso sistemático de intervenir las EPS, con el fin de dejar una sola funcionando: la Nueva EPS.
El martes anterior, la Superintendencia Nacional de Salud intervino administrativamente la EPS Sanitas, que tiene 5.790.578 afiliados. El superintendente, Luis Carlos Leal, aseguró que esta medida se ordena por un año, y está basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia. A las anteriores han cumplido algunas recomendaciones como la adopción de planes de mejoramiento, pero con esta decisión de acabar con Sanitas, la segunda más grande del país, satisfacer el pensamiento gubernamental, de estatizar la prestación del servicio de la salud del país. Es retroceder 30 años, cuando el ISS era la entidad más ineficiente, politiquera y corrupta que la llevó a su liquidación total.
Algunos sectores han expresado, que aunque aparentemente la intervención no tendrá impactos en los usuarios porque en una intervención no se modifican las redes de servicios, más adelante sí se va a ver el impacto, los pacientes van a empezar a ver retardos. Estas medidas no han tenido éxito en otrora. Las intervenciones administrativas terminan en liquidación, no son exitosas porque el gobierno no tiene la experiencia de manejo de EPS. Solo algunas EPS pequeñas se han podido recuperar.
