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Superindustria inició investigación contra Movistar

Oct 8, 2023

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En marzo de 2022, la SIC había impuesto una sanción a este operador por un valor de $2.076 millones por vulneración a las normas de portabilidad numérica y a las órdenes impartidas por esta Entidad.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de la protección al consumidor, ha iniciado una investigación a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP – MOVISTAR, una importante empresa prestadora de servicios de comunicaciones en Colombia.

La investigación se originó a raíz de denuncias recibidas tanto por parte de algunos operadores como de usuarios, que sugieren que Movistar podría haber estado llevando a cabo prácticas cuestionables relacionadas con la rechazo o recuperación de usuarios que solicitaban la portabilidad, mediante la activación de estrategias comerciales con el objetivo de persuadir al usuario a abandonar su solicitud.

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Estas estrategias comerciales parecen involucrar la oferta de beneficios, promociones y ofertas que, al parecer, se activaban y cobraban a los usuarios sin su consentimiento o aceptación previa y explícita. Esto generaba de inmediato una aparente deuda que, según las denuncias, se utilizaba como motivo para obstaculizar el proceso de cambio de operador.

Además, tras analizar los documentos presentados por Movistar como respaldo para sus rechazos de solicitudes de portabilidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, cuando la empresa actuó como proveedor donante, la SIC ha determinado de manera preliminar que dichos documentos no cumplen con las órdenes emitidas por la autoridad, ya que no demostrarían que la empresa actuó de acuerdo con la normativa vigente en ese momento.

En caso de que, tras agotar todas las etapas del proceso administrativo sancionatorio, se demuestre que MOVISTAR incurrió en las conductas descritas, la empresa podría enfrentar la imposición de multas sucesivas de hasta 1.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), lo que equivale a la suma de $1.160.000.000 (mil ciento sesenta millones de pesos colombianos), de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. La investigación continúa en curso mientras se examinan a fondo las prácticas comerciales de la empresa de telecomunicaciones.

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