Ayer amanecieron cerradas todas las instituciones educativas de Yaguará, debido a una manifestación pacífica que realizaron los padres de familia debido a negarse a recibir a un docente acusado de abuso sexual. Aunque se logró solucionar la situación, esta no es la primera vez que sucede algo así, pues en otros municipios se ha vivido el mismo escenario. Donde se siga intentando reubicar a estos 16 docentes que están vinculados en proceso de abusos sexuales a menores de edad, el panorama no cambiará.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López
En el departamento del Huila hay 16 docentes que están vinculados a procesos de abusos sexuales con menores de edad, los cuales, se han intentado reubicar en otras instituciones educativas de distintos municipios, pero no ha sido posible. Lo anterior, porque claramente existe una preocupación razonable por parte de los padres de familia quienes han sido los garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y no han permitido el ingreso de estos maestros.
Ayer, Yaguará, volvió a poner sobre la ‘lupa’ una situación que genera preocupación y se ha vuelto sistemática, pues en varias ocasiones, los padres de familia han tenido que manifestarse pacíficamente para que docentes investigados por presunto abuso sexual ejerzan dentro de los planteles educativos en donde permanecen sus hijos. Hasta esas instancian se ha llegado varias veces y pese a que se da solución, la misma, consiste, al parecer, en pasar el problema de un lugar a otro.
Frente a esto, Milena Oliveros Crespo, secretaria de Educación Departamental, ha indicado, en reiteradas oportunidades que, “mientras no haya un falló de fondo contra los presuntos responsables de estos abusos sexuales, los maestros pueden seguir laborando en la Institución Educativa que corresponda. Uno no puede sentenciar a alguien sin un fallo. Yo voy hasta cierto alcance y lo que hacemos es el seguimiento natural, entendiendo el temor de la ciudadanía”.
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¿Qué pasa con los docentes vinculados a estos hechos?
Zoilo Chaux Jaramillo, vicepresidente ejecutivo de Confenalpadres, “el problema son las leyes porque lo que están haciendo es trasladar de un sitio a otro sitio a un profesor que presuntamente violentó a un estudiante. Entonces como el señor no ha sido sentenciado lo sacan de un colegio y se lo llevan para otro, trasladando el problema”.
Según Chaux Jaramillo, “lo conveniente sería que las instituciones competentes intervengan y se pida la suspensión del docente mientras se surte el proceso que se adelanta en su contra. En ese sentido, sin el respectivo aislamiento, los padres se disgustarán porque nadie permitirá que su hijo corra un riesgo, más aún, dentro de los planteles educativos donde están gran parte del tiempo”.
“Es que, si posiblemente la embarró en un municipio, puede hacer lo mismo en otro, de nada vale el cambio. Lo que yo pienso es que la secretaría de Educación y la Procuraduría de Familia deben tomar correctivas para evitar que eso siga sucediendo y proliferándose en los centros educativos. Los padres de familia tienen razón al exigir que no quieren que alguien que presuntamente la embarró esté con sus hijos. He escuchado a la secretaría de Educación decir que, nadie podría ser sentenciado hasta vencido el juicio, pero hay unos hechos y eso genera un problema”, concluyó.
Las medidas dieron fruto ¿Por cuánto tiempo?
Ayer los padres de familia del municipio de Yaguará estuvieron realizando unas protestas pacíficas manifestando su desacuerdo y preocupación por la asignación de un docente para una de las sedes de la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara. Esto luego de que el docente, Oscar Alberto Forero, fuera acusado del abuso sexual a una niña de 5 años en Rivera, Huila.
Es de aclarar que los familiares de la menor agredida continúan pidiendo justicia y esperando a que un juez en segunda instancia determine que es culpable del hecho.
“Hicimos un llamado muy respetuoso al Gobierno Departamental y a la secretaría de Educación, para que reconsiderará la decisión de asignar este docente. En virtud de esa comunicación se concertó una mesa de trabajo donde se planteó de manera clara el contenido de la directiva número 1 del mismo ministerio de Educación Nacional, dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de Educación de las entidades territoriales en donde se emiten orientaciones para la prevención de la violencia sexual en entornos escolares”, comentó el alcalde de Yaguará Juan Carlos Casallas Rivas.
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La directiva expedida el 4 de marzo del 2022, según el mandatario, establece de manera clara que, “cuando las secretaria de Educación en el ejercicio de sus funciones adelantes actuaciones administrativa de tipo disciplinario o tenga conocimiento que una persona se encuentra vinculada en una investigación judicial por delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, deben realizar un ejercicio de ponderación y en dicho ejercicio hacer prevalecer los derechos de los niños y adoptar la decisión de asignar los docentes para que realicen actividades curriculares no electivas que no conlleve a la interacción directa con los estudiantes o de manera transitoria que los asignen a labores administrativas mientras se surte el debido proceso y se determina la responsabilidad del implicado”.
Solución exitosa
Lorena Guevara, vocera de padres de familia, dijo que, hoy las puertas de las instituciones se abrirán porque se cumplió con el objetivo de las protestas, agregando que, “la reunión fue un total éxito, ya la protesta se suspendió porque se logró lo esperado”.
Finalmente, aunque nuevamente logró solucionarse, queda la incertidumbre de lo que pueda suceder y los padres de familia siguen expectantes para no permitir que estos docentes investigados sean trasladados a los colegios de sus hijos.
