En Perú el gobierno de Dina Boluarte declaró el miércoles el estado de emergencia nacional y propuso adelantar las elecciones a 2023 para aplacar las protestas que sacuden el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo. Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.
Dina Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo y su posterior destitución y detención el miércoles pasado. Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin de su mandato en julio de 2026, como prevé la Constitución. Pero una ola de protestas que exigen la liberación de Castillo y elecciones inmediatas la llevaron a proponer adelantar la fecha de las elecciones primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.
Por ahora, la Fiscalía que acusa a este maestro rural de izquierda de «rebelión» y «conspiración», busca mantenerlo en prisión preventiva durante 18 meses. El juez que debía tratar el miércoles el pedido, Juan Checkley, reprogramó la audiencia para hoy jueves a las 08h30 tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido todos los documentos de la causa.
El magistrado afirmó que el maestro rural seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto hace una semana. Sin embargo, el detenido se negó a participar en la audiencia virtual.
«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», tuiteó. «Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo», señaló Pedro Castillo
No obstante, otro tribunal rechazó el martes una apelación del detenido para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso. El exmandatario izquierdista permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan un centenar de sus simpatizantes desde hace varios días.
Es importante precisar que el gobierno de Dina Boluarte ya había declarado el estado de emergencia en varias ciudades que registraron protestas violentas, como Arequipa e Ica (sur), pero no en todo el territorio. Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.
«Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas», dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un «paro indefinido» para exigir elecciones generales que obligó a suspender del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano. Desde antes del autogolpe la fiscalía de Perú investigaba a Castillo por liderar una «organización criminal» que beneficiaba a allegados y familiares.
Finalmente, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por supuesta corrupción. Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001. El detenido asegura que la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le acusan de delitos que no cometió y buscaban sacarlo del poder.
