La Procuraduría General de la Nación instó a seis entidades del departamento de Guaviare para que informen las acciones adelantadas entre 2019 y 2022, para garantizar los derechos fundamentales de la población infantil de las etnias jiw y nukak, víctima de explotación y violencia sexual.
En la comunicación enviada el 5 de enero de 2023 al gobernador de Guaviare, alcalde de la capital, director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), comisaria de familia, directora seccional de fiscalías de ese departamento y el defensor del pueblo regional se otorgó un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta.
El ente de control requirió a la Fiscalía, la Comisaría de Familia de San José del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional y las defensorías de familia del ICBF datos sobre las denuncias recibidas, entre 2019 y 2022, por hechos relacionados con explotación y violencia sexual de menores pertenecientes a las mencionadas comunidades indígenas.
En su acción preventiva, iniciada desde 2021, para velar por la garantía de los derechos fundamentales de esta población indígena, la Procuraduría advirtió que si en desarrollo de las investigaciones adelantadas se ha podido determinar como posibles responsables miembros de la fuerza pública, Policía Nacional o personas naturales que cuenten con la condición de servidores o funcionarios públicos, deberán indicarlo.
El ICBF y la Comisaría de Familia de la capital de Guaviare deberán reportar el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores pertenecientes a las etnias jiw y nukak que se han adelantado en los últimos cuatro años, precisando la medida adoptada y el motivo del restablecimiento en cada caso.
De otra parte, la Procuraduría Regional de Guaviare conminó a los entes requeridos para que expliquen las estrategias que han implementado para mitigar la explotación y violencia sexual, así como el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los menores de edad indígenas.
Los informes deberán contener los resultados obtenidos entre 2019 y 2022, cifras, población beneficiada e impactada y responsables de las acciones desarrolladas.
El Ministerio Público también indagó sobre las herramientas utilizadas por las entidades territoriales y el ICBF para identificar las diversas situaciones que vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas indígenas, y los resultados obtenidos.
Finalmente, el ente de control pidió información detallada sobre las acciones y las recomendaciones para la vigencia 2023, del denominado “plan de choque” contra la explotación sexual y el consumo de sustancias psicoactivas, presentado por el ICBF y las secretarías municipal y departamental de salud en una de las sesiones de Consejo Departamental de Política Social y un comité departamental de justicia transicional.
