La Defensoría del Pueblo entregó a la Corte Constitucional, un informe sobre la situación de desplazamiento y confinamiento en el país durante el año 2023.
Este informe se presenta como parte de la sesión técnica ordenada para la adopción de la metodología de recolección, discusión y presentación de información para la valoración de la superación del estado de cosas inconstitucional.
Los equipos de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH y Sistema de Alertas Tempranas resumieron la labor de la Defensoría del Pueblo, destacando que en el año 2023 se presentaron 154 eventos de desplazamiento forzado masivo en el territorio nacional, representando un incremento del siete por ciento en comparación con el año anterior.
Los departamentos más afectados por el desplazamiento fueron Nariño, con el 38% de los eventos, seguido de Chocó (12%), Antioquia y Valle del Cauca (10% cada uno), y Cauca (8%). Se observó un aumento significativo en los eventos de desplazamiento durante los meses de julio a septiembre, con un total de 56 eventos, en contraste con el año anterior donde enero fue el mes con mayor afectación.
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En cuanto al confinamiento, se registraron 215 eventos en el año 2023, lo que representa un incremento del 63% respecto al año anterior. Chocó fue el departamento más afectado, seguido de Putumayo y Nariño. Preocupa especialmente que el 30% de los eventos de confinamiento afecten a comunidades negras, el 50% a población indígena y el 30% restante a población campesina.
En eventos de riesgo de desplazamiento masivo y/o confinamiento, se registraron 124 eventos en 2023, siendo Caquetá el departamento con mayor afectación.
“También se indicó ante la Corte que las principales causas de materialización de eventos de Desplazamiento Masivo Forzado, Confinamiento, Riesgo de Desplazamiento y/o Confinamiento se derivan, primero, de acciones por parte de grupos armados ilegales en los territorios que afectan a las comunidades, confluyendo factores asociados al contexto violento como la expansión de cultivos de uso ilícito”, señaló la Defensoría del Pueblo.
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