Para muchos expertos la pandemia saboteó la necesaria labor de la Comisión de la Verdad. La mitad de su tiempo de funcionamiento se ha perdido en medio de confinamientos, malas conexiones a internet y una crisis sanitaria que, incluso hoy, no ha dado tregua. Esto, para una institución cuya función es recorrer el país, en particular las zonas más vulnerables y con poca presencia estatal, ha sido un palo en la rueda para cumplir el mandato que le impusieron el Acuerdo Renegociado de Paz y la Constitución. Por tal motivo, la opinión pública está a la expectativa de la decisión del Alto Tribunal sobre la decisión de acceder a las peticiones de organizaciones de víctimas y de la misma Comisión que pretenden un aplazamiento de su tiempo de funcionamiento, que está programado para terminarse en noviembre de este año.
Pero para algunos académicos, no es competencia de la Corte Constitucional interpretar en forma obligatoria normas que implementan el acuerdo final, para extender la existencia de la Comisión de la Verdad por el hecho sobreviniente de la pandemia del Covid-19. Para el abogado Juan Manuel Charry Urueña, expresa que no es aceptable que se invoque la violación a la buena fe por parte del Estado, sus servidores o particulares, por hechos posteriores, imprevistos e irresistibles como la mencionada pandemia.
Aunque todos nos hemos visto afectados en nuestros derechos al trabajo, a la locomoción, a la salud, a la educación, a la empresa y demás, por las restricciones adoptadas para impedir los contagios de esta enfermedad. Muchos nos hemos visto imposibilitados para cumplir con nuestros deberes y obligaciones por fuerza mayor o caso fortuito que representa el Covid-19.
Hay que destacar la iniciativa del presidente Iván Duque Márquez, de buscar que esta Comisión, cuyas funciones deberían terminar el 28 de noviembre de este año, se prorrogue hasta el 27 de agosto de 2022. Igualmente, Duque tendría listo para firmar un decreto que le daría dos meses más a la entidad extrajudicial para divulgar su informe final, en el que estarán consignados los esclarecimientos de verdad sobre el conflicto armado y las recomendaciones para no repetirlo.
Al momento de terminar de escribir el presente editorial, no se tenía conocimiento de la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre esta temática. Recordemos que no podemos dejar que se cierre la Comisión en noviembre. Hay que superar todas las dificultades logísticas que genera su labor genera en la Comisión. Es indispensable un pronunciamiento urgente sobre las normas acusadas para evitar la afectación de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, así como dada la trascendencia social del informe final que deberá rendir la entidad.
