DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez
En los últimos días se conoció el caso de la exsecretaria de Hacienda Municipal de Neiva, Nayarin Saharay Rojas Téllez quien presuntamente estaría enlodada en delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y concusión. De acuerdo con la versión de Rojas Téllez, no hay pruebas que la incriminen. La funcionaria no aceptó cargos.
Los hechos que hoy tienen en medio de un proceso penal a la exsecretaria de Hacienda de Neiva, Nayarin Saharay Rojas Téllez y a otros dos funcionarios de la época, ocurrieron en el 2018 cuando, al parecer, beneficiaban a personas desconocidas eliminando los pagos por concepto de comparendos ya que al mismo tiempo ella era la delegada para la cartera de la Secretaría de Movilidad del Municipio.
La exsecretaria, se refirió a los hechos por los cuales hoy está siendo investigada. “La discusión se da porque un contribuyente solicita la prescripción de dos comparendos de siete que tenía en la entidad. Esta persona hizo uso de una tramitadora quien indica que había dejado un sobre con unos documentos más $578.000 pesos porque Yuri quien era la funcionaria competente así le había indicado seguir con el trámite”, contó Rojas Téllez.
Allí se encuentran las versiones de la tramitadora y de Yuri Esmeralda Ortiz Aya quién era la encargada de revisar el trámite de los comparendos y las prescripciones, así como los pagos de las obligaciones de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Neiva pues esta primera persona indica que la funcionaria le pide dejar el dinero en la secretaría, versión que es desmentida por Ortiz Aya.
“Yo lo que pido cuando me entero es que primero se devuelva el dinero y que se haga una investigación del caso además de retirar a Yuri del cargo. Así entonces con las denuncias posteriores se hace una investigación en donde se determina que no hay daño fiscal porque la prescripción sí operaba para los dos comparendos y cumplían todos los requisitos”; asegura la exsecretaria de Hacienda.
La investigación
La Fiscalía imputa los cargos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y concusión, básicamente, por no cumplir con su función constitucional, impartir justicia. La investigación implica también al jefe de cobro coactivo y por quien pasó primeramente la resolución que luego firmó la secretaria de Hacienda.
Según el ente acusador, Ortiz Aya se encargaba de adelantar los procesos de cobro coactivo en materia de tránsito en nombre de la Secretaría de Hacienda, desde esta posición “le dio instrucciones a un hombre para que cancelara solo siete de nueve comparendos que debía, pues aparecía como infractor de las normas de tránsito en el sistema de multas y sanciones”.
De acuerdo con lo que se relata en los hechos, el infractor, al parecer, solo pagó $4′691.100. Esto habría ocurrido porque Yuri Esmeralda, al parecer, asumió el compromiso de prescribir los otros dos, (267943 del 7 de mayo de 2012 y el 430402 del 4 de abril de 2013) “en ejercicio de sus funciones y condicionando, presuntamente, el pago $578.100, suma que le habría sido entregada en el segundo semestre de 2018″, según lo dicho por la Fiscalía.
A Nayarin Saharay se le investiga por presuntamente haber elaborado y expedido el auto de levantamiento de medidas cautelares No. 211 por el pago total de la obligación en favor del hombre y “envió un oficio a diferentes bancos sobre el registro de levantamiento de embargo que existía sobre los productos bancarios, justificando pago total de la obligación”.
A todo lo anterior la ex funcionaria de la Administración Municipal indicó que “el contribuyente bajo el derecho que había adquirido de prescripción solicita la misma bajo derecho de petición tramitada de manera verbal el 9 de noviembre y de manera escrita el 28 de noviembre de 2018 para que se le otorgara el derecho”.
“La Fiscalía no exhibió ninguna prueba”
Rojas Téllez asevera que ella se enteró del caso mucho después y para ese entonces el acto administrativo ya se había firmado, ahora frente al tema del dinero, “la Fiscalía logró determinar que los $578.000 pesos que no recibí yo, sino supuestamente Yuri, fueron devueltos, así como también tienen claro que sí operaba la prescripción, no es un derecho que se pudiera negar por parte de la entidad”, confesó.
“Estos son hechos que aun así entra a investigar la Fiscalía y me implican por ser firmante de la resolución, aunque tienen claro además que no estaba físicamente en el lugar puesto que Movilidad queda en Mercaneiva y la secretaría en el centro de Neiva, dos lugares además de distintos, retirados”, agregó.
“En la imputación de cargos la Fiscalía no exhibió ninguna prueba, ningún testimonio y tampoco ningún documento diferente a que existía una resolución. Lo que vi fue una gran confusión. No existen pruebas en mi contra y no sólo en mi contra sino en la entidad como tal puesto que además no participe en ningún hecho frente a los $578.000 pesos, por el contrario, lo que hice fue retirar a la funcionaria exigir la devolución del dinero y pedir investigación sobre los hechos además de revisar jurídicamente el caso”, concluyó Rojas Téllez.
