Por segunda vez, el alcalde de Guadalupe, Charles Barrera Zúñiga, tendrá que pagar 6 días de arresto domiciliario y una multa de 5 SMLMV. Este es el segundo desacato presentado por Aira Ortiz Murcia, una exfuncionaria que luego de ser diagnosticada con cáncer de mama, fue removida de su cargo.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: Felipe Poloche
Diario Del Huila, en ediciones anteriores informó el ‘lio’ jurídico en el que se encuentra el alcalde de Guadalupe por la presunta vulneración del derecho al trabajo, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y dignidad humana, de Aira Ortiz Murcia, una exfuncionaria que luego de ser diagnosticada con cáncer de mama, fue removida de su cargo. Esta decisión la notificó el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe, Huila, el pasado 7 de diciembre y ahora el caso pasó a Garzón, quien dará un segundo falló.
Según la denunciante y el juez, el alcalde estaría incumpliendo una acción de tutela que interpuso Aira Ortiz Murcia, desde el pasado mes de mayo y en primera instancia falló a su favor, sin embargo, luego de ser impugnada nuevamente falló a favor de la accionante.
En enero del 2020 ella ingresó a trabajar en la Alcaldía de Guadalupe Huila como coordinadora de Asuntos Sociales, sin embargo, el 5 de agosto del mismo año fue diagnosticada con cáncer de mama y como estaba laborando decidió informarle al alcalde Charles Barrera Zúñiga, quien le dio tranquilidad porque, le expresó su apoyo.
Ortiz Murcia, además, buscó la asesoría de un abogado quien le recomendó pasar por escrito la situación y actuar bajo la ley. En ese momento, un año y medio después de estar en su cargo decidieron mantenerla en la Alcaldía de Guadalupe, pero ya no en el cargo que venía desarrollando. Es decir, en julio del 2021 la pasaron para el ancianato.
Ese contrato finalizó el 30 de diciembre del 2021 y desde ese momento, quedó a la espera de que se le renovarán, pero nunca fue así, por el contrario, según cuenta, el alcalde no le volvió a dar respuesta de su situación dentro de la Administración Municipal.
Bajo todo este panorama, decidió interponer una tutela que falló a su favor el mismo mes, sin embargo, ellos impugnaron y en junio aproximadamente, en segunda instancia, se confirmó el falló y, por tanto, la tenían que vincular nuevamente a la Alcaldía Municipal, además, de pagarle los honorarios que había dejado de recibir y una indemnización hasta que se recupere de salud. Al hacer caso omiso a esa decisión del juzgado, ella interpuso el primer desacato que ya se pagó y ahora, por segunda vez, tendrá que pagar un segundo desacato.
Te puede interesar: “Ella nos demandó porque dice que tiene una enfermedad terminal, pero por eso no la podemos contratar”
Segundo desacato
“Esperé pacientemente que me llamaran para que me volvieran a contratar y nada, entonces me vi en la obligación de formular el segundo desacato donde el señor juez nuevamente me da la razón de que me están vulnerando los derechos. El alcalde por el afán de cumplir me ofreció un contrato, pero en la zona rural y, por motivo de mi patología, no puedo aceptar porque está en riesgo mi vida y no me puedo exponer por cumplir el objeto del trabajo que me están ofreciendo”, señaló Ortiz Murcia.
Esa propuesta se realizó luego del primer desacato que desde octubre se cumplió, sin embargo, según la demandante eso simplemente obedece a qué se quiere dejar ver que ella es la ‘culpable’ por no aceptar. Por esta razón, califica esta gestión como un ‘capricho’, al no cumplirse, expresamente lo que manda la ley.
A la fecha, de acuerdo con lo señalado, no ha existido comunicación alguna y, por el contrario, la Alcaldía está en completo silencio. Es así cómo, no descarta la posibilidad de tener que interponer un nuevo recurso. Empero, considera que la ley, a pesar de fallar a su favor, no castiga severamente este tipo de hechos para que no vuelvan a suceder.
Manifestó también que, “él lo que dice es que yo soy la que no me presento para la contratación, pero yo no puedo aceptar un contrato de esa magnitud. El alcalde se está burlando de una paciente oncológica con una enfermedad terminal. Esos días son de vacaciones en la casa y la plata la paga de lo que ha sacado del heraldo público, pero de ahí no ha pasado. Para mí esto es una burla y no pasa nada”.
Lee también: Apicultores huilenses esperan consolidar su cadena productiva en la vigencia 2023
“Yo soy respetuoso de la ley”
Frente a esta situación, el alcalde de Guadalupe, Charles Barrera Zúñiga, en atención a esta Casa Editorial, dijo que cumplirá el falló de la misma manera que acató el pasado dado que él y su equipo de trabajo son respetuosos de la ley y las decisiones que ellos consideren. Por tanto, están trabajando con el asesor jurídico para que la demandante pueda trabajar en la Administración de Guadalupe.
“Nosotros tenemos que hacer todo lo de ley también porque manejamos la ley 80 y eso hay que hacerlo con mucho respeto porque yo salgo de la alcaldía en un año y todos los procesos me van a llegar como exalcalde. Entonces yo respeto la decisión del señor juez, pero ya está todo listo para que la señora firme y se vaya a trabajar”, aclaró el mandatario.
Dejó claro también que no impugnarán, toda vez, que aceptarán y se regirán al falló brindado por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe. Buscan entonces sentarse para dialogar sobre el proceso, sin tener inconvenientes en el futuro.
No obstante, según Barrera Zúñiga, lo que se debe entender es que la plata no se saca del ‘cajón’. Explicó así que, “Yo puedo ser el alcalde, pero debo tener primero el permiso del Concejo Municipal porque sin eso me puedo meter en dificultades. Nosotros estamos haciendo todo lo que ordena la ley y ya los concejales me autorizaron para poder sacar esos recursos y poder pagarle a la señora. Esa deuda sale del municipio porque están demandando al municipio y yo soy el alcalde”.
Finalmente, argumentó que, la situación se ha generado porque no se ha entendido el contrato, lo que significa que, hay una mala interpretación del documento que, de acuerdo con el mandatario se refiere a que ella trabajará con adultos mayores que viven en la zona rural del municipio, pero ellos llevarán al área urbana, es decir, que ella no tiene que ejercer el objeto del trabajo en el campo.
Por ahora, dice tener todo listo para que ella se presente lo más pronto y empiece a trabajar. “Si ella quiso volver a demandar que lo haga, no hay ningún problema y nosotros le estamos respondiendo. No estamos cometiendo ninguna violación”, concluyó.
