Durante esta semana se dio a conocer que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reabrió medidas cautelares en el cementerio de Neiva, decisión que resulta alentadora y esperanzadora, para las familias de las personas dadas por desaparecidas que buscan la verdad en honor a la memoria de sus familias.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López
En el año 2020 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició el estudio de medidas cautelares sobre el cementerio central de Neiva, capital de Huila, en el suroccidente colombiano. El proceso dio inicio cuando el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva puso en conocimiento de la JEP la existencia de una gran cantidad de cuerpos inhumados sin identificación en fechas que corresponden “con las épocas recientes más álgidas del conflicto armado”.
Posteriormente, en el 2021 la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares por un año en el Cementerio Central de Neiva, que está bajo la administración de la Parroquia de la Inmaculada Concepción desde 1883, para proteger los cuerpos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada del conflicto armado. La decisión se tomó luego de una audiencia pública que hubo en Neiva.
Esas medidas se levantaron en mayo del año en curso básicamente porque no existía riesgo de traslado del camposanto, sin embargo, para ese momento los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz advirtieron que, si se llegaban a incumplir los acuerdos, nuevamente entrarían en funcionamientos las medidas cautelares. Ahora, tal como lo advirtieron la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reabrió la medida, en relación con los derechos a la verdad y memoria de las familias víctimas de desaparición forzada, en particular, de Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordoñez Rojas
Ahora, se busca que Medicina Legal en un término no mayor a diez días adelante el trabajo de identificación de los cuerpos. Además, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR), ordenó al Instituto de Medicina Legal que informe en un plazo de diez días hábiles sobre el estado actual de los procesos de identificación de cuerpos en el Cementerio Central de Neiva. Claramente, esto sumado al incumplimiento de todas las órdenes impartidas, que dejan en vilo a las familias buscadoras.
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“Se evidencia el incumplimiento parcial de lo dispuesto concretamente lo referente al deber de realizar la cartografía social que tiene como finalidad registrar las memorias, relaciones y prácticas asociadas al actual lugar del Cementerio. En consecuencia, el eventual traslado de las estructuras óseas que reposan en este camposanto a una nueva sede, no se realizaría de forma digna lo cual iría en desmedro de los derechos de las víctimas y evitaría la materialización de los principios de la justicia restaurativa” señaló la jurisdicción.
Importancia de reabrir las medidas cautelares
Esmith Duarte Cano, secretaria de Paz y derechos Humanos de Neiva, se pronunció frente al tema indicando la importancia de la reapertura de las medidas cautelares. “Nosotros estábamos un poco desconcertados cuando se archivaron, pero hay que tener en cuenta lo que motivó esa decisión. Al demostrarse por toda la institucionalidad que no había esa posibilidad de traslado del cementerio central de Neiva, entonces la reabre con una motivación muy diferente que es la verdad y la memoria de las víctimas de desaparición forzada”, mencionó la jefe de cartera.
Calificó esta decisión como un logro para las víctimas indiscutiblemente, debido a que se acercan a la verdad. Según Duarte Cano, con esto se demuestra que se tienen en cuenta a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Explicó además que, “eso era algo de lo que no se podía hablar. La sociedad y la justicia daban la espalda y ahora vemos que la JEP propone en primer momento a las víctimas. Eso es una ventana importante porque debemos trabajar para que las víctimas y las familias tengan el derecho a saber la verdad y es importante que la institucionalidad lo reconozca”.
Bajo esta lógica, admitió que, toda la institucionalidad articula medidas y acciones para ayudar a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
La solicitud
Andrea Jiménez, directora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH), dijo que, la JEP emitió este nuevo Auto porque no se cumplió con un producto que debería ser entregado por la Alcaldía de Neiva.
Frente a la cifra exacta de los cuerpos inhumados que allí se encuentran, aclaró que, “una de las acciones que exige del Auto es justamente que las instituciones puedan notificar las cifras de los cuerpos no identificados e inhumanos en el cementerio central de Neiva. Esta ha sido una labor que las diversas entidades no han podido realizar porque dan cifras diferentes, incluso la parroquia de la Inmaculada que está a cargo del lugar tampoco da razón de una cifra específica. Hay que entender que esos cuerpos no son a partir del 2011, sino que hay cuerpos que han sido inhumados en tierra desde los años 80s que fue cuando se encontró todo el proceso de persecución contra los miembros de la Unión Patriótica”.
Así las cosas, poder reconocer la cantidad de cuerpos que se encuentran inhumados en el cementerio central de Neiva es una deuda que tienen las instituciones con la sociedad huilense y las familias buscadoras porque no hay una cifra unificada. Precisamente, argumentó que, una de las solicitudes que las organizaciones están haciendo a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, radica en que se realice una intervención total en el camposanto, lo que implicaría que sea cerrado y se haga una caracterización de todos los cuerpos que sean inhumados. No obstante, por ahora todavía es una petición más no una realidad.
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Familia
Paola Medina Charry, hermana del estudiante Tarcisio Medina Charry, desaparecido el 19 de febrero de 1988 por agentes de la policía de Neiva, contó que, “parte del conocimiento que nosotros tenemos frente al tema desde años atrás está encaminado a que familiares nuestros se dieron cuenta que aquí estaban siendo depositadas personas que posiblemente habían muerto en combate y a la par con esto, tuvimos información en la década de los 90s que alguno de nuestros familiares vinculades al proceso de genocidio frente a la Unión Patriótica fueron también enterrados allí”.
La coordinadora regional de la Corporación ‘Reiniciar Huila’, insistió que, esto significa una posibilidad más frente al proceso de búsqueda e insistencia que han hecho como familia.
“Mi madre fue una de las personas que lideró todo este proceso de búsqueda junto a muchas mujeres más. No estamos solamente aquí por el caso de mi hermano sino por mucho más. Dentro de la organización tenemos 16 personas de la década del 80s y 90s, sabemos que hay cuerpos inhumados en el cementerio central desde esa época y lo que hemos estado realizando estamos en ese proceso de seguimiento”, agregó Medina Charry.
El caso de Tarcisio Medina Charry
Según Paola Medina Charry, “en el caso nuestro mi hermano no murió en un operativo militar, no era guerrillero, sino que fue detenido a las afueras de la Universidad Surcolombiana terminando clases, fue ingresado a los calabozos del F2; en ese tiempo por la policía y allí es apartado del grupo. Los otros 8 chicos fueron liberados y el único que no aprecio fue mi hermano. Tardamos 10 años esperando para que se reconociera el hecho. Solo con una resolución de la Corte Interamericana, que nos arrojó luces para que la policía finalmente 10 años después reconociera que si lo habían detenido porque el nombre de mi hermano la policía del Huila lo dejó totalmente por el suelo. Dijeron que era narcotraficante y hacía parte de la guerrilla de las Farc, pero con todas las investigaciones que se hicieron, la verdad salió a la luz pública y la policía fue condenada por secuestro simple”.
Enfatizó en que necesitan que se investigue el interior del cementerio central de Neiva para conocer por qué se aceptaban que estas víctimas del conflicto armado hubiesen muerto o no en combate, fueran traídas hasta allí a altas horas de la noche y eran permitido que se enterraran allí sin su debida marcación. “Nosotros las víctimas creemos firmemente que parte de la historia de la desaparición forzada en el Huila está enterrada en ese cementerio central de Neiva y hace parte de ese proceso que necesitamos conocer”, concluyó.
Cifras:
A principios del año 2022, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, reportó que en el Huila se ha logrado establecer un total de 1126 personas en esta condición, desde el año 1983 hasta la firma del acuerdo de paz. De esa cifra 254 se sitúan en la ciudad de Neiva, y el 98% de estos corresponden a hombres residentes en la zona rural. Al parecer, de los desaparecidos el 58% son por desaparición forzada, 39% menores reclutados llevados por grupos armados y un 3% por secuestro. Sin embargo, estas cifras al parecer han ido aumentando dadas las declaraciones de las familias de los desaparecidos.
