Por Juan Pablo Liévano
Se viene un conflicto societario entre EPM y Millicom por Tigo-Une. La compañía requiere una capitalización y no todos los accionistas están dispuestos a ella. De hecho, el alcalde de Medellín dijo que no pondría dineros adicionales y que, si se presentaba en la forma planteada por parte de Millicom, se reduciría la participación de EPM al 2% y generaría un detrimento patrimonial. La situación es un tinglado de boxeo, que se aleja del adecuado desarrollo del contrato de sociedad, en donde debe primar la buena fe y el buen trato entre los asociados. Parece que el objetivo de la alcaldía es echarles culpas a unos y otros, para buscar réditos electorales, y no el bienestar de la empresa y el patrimonio de los accionistas. Triste panorama. La situación se debe resolver desde la razonabilidad económica e instancias societarias, no por intereses políticos y en los micrófonos, que generan incertidumbre y falta de confianza en los usuarios, con el consecuente deterioro patrimonial de la empresa. Hay que recordar que Tigo-Une nace de la decisión de EPM de segmentar su negocio de telecomunicaciones y la integración empresarial con Colombia Móvil S.A., donde EPM mantuvo mayoría accionaria y Millicom quedó con una participación minoritaria, pero con el control administrativo y operativo. El negocio incluso le generó liquidez a la alcaldía, que usó en sus diferentes programas. La realidad es que Tigo-Une ha tenido pérdidas en millardos de $212 en 2020, $572 en 2021 y $473 en 2022 y su patrimonio se ha reducido de $1.5 billones a $557 millardos, pero ha generado un EBITDA constante anual de aproximadamente $900 millardos en los últimos tres años. Así, ha realizado importantes inversiones de cobertura, ha pagado grandes sumas en espectro radioeléctrico, ha cumplido con el pago de intereses de su deuda de $3 billones y, en general, ha mantenido su negocio en un mercado competitivo y difícil. Con un negocio tan complicado, que además requiere ingentes recursos de inversión, que deberían provenir no solo de deuda, sino también de capital, pero sanable y rescatable, corresponde a los accionistas, dentro de las instancias societarias y las reglas que dispongan los estatutos, los acuerdos de accionistas y la ley comercial, determinar si la sociedad se capitaliza o no, especialmente si se quiere participar en la próxima licitación de 5G, parte de su plan estratégico, so pena de perder valor y competitividad. Si se aprueba una capitalización, esta debería realizarse a valor de mercado, de manera que si uno de los socios no ejerce su derecho de preferencia, se presentaría una dilución razonable de su participación. Y el problema no es la dilución, sino que esta sea resultado de una mala valoración. Finalmente, con la información pública disponible, parecería que EPM tiene la última palabra para permitir una capitalización y poner o no su parte. Al final, hacer o no hacer la capitalización, dependiendo por donde se le mire, podría significar un detrimento patrimonial, desde el punto de vista público, o un posible abuso del derecho que causa perjuicios al consocio, al generarse un deterioro del negocio social por no permitirse la capitalización. La última palabra la tendrán las autoridades competentes.
