Por: Johan Eduardo Rojas López
Mediante un acto de perdón virtual, el Ejército Nacional pidió perdón por un hecho de ejecución extrajudicial cometido el 1 de febrero del 2008 en la vereda ‘Potrerillos’ del municipio de Iquira – Huila. Sin embargo, este no es el único caso que reposa en Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio.
En un acto de perdón virtual, ayer, el Ejército Nacional pidió perdón por el hecho de ejecución extrajudicial cometido el 1 de febrero del 2008 en la vereda ‘Potrerillos’ del municipio de Iquira – Huila.
Además, esta breve ceremonia se dio en cumplimiento de lo ordenado en sentencia por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva de fecha 13 de noviembre de 2018, dentro del medio de control de reparación directa. Sin embargo, este no es el único caso que reposa en Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio.
Esta jornada estuvo precedida por el coronel Edwin Becerra, comandante de la Novena Brigada con sede en Neiva, quien manifestó que a través de esta, “Se permite reconocer responsabilidad por las afectaciones sufridas a los familiares del señor Juan Carlos Aguirre Macías, por su lamentable muerte, ocurrida el 1 de febrero de 2008 en la vereda Potrerito, por miembros de la Novena Brigada, quienes lo presentaron como integrante de un grupo delincuencial dado de baja en un combate, sin ser esto verdad.”
Expresó también el claro repudio por los hechos sucedidos y pidieron perdón por los lamentables hechos que conllevaron a la vulneración de derechos humanos, causando un daño injustificable a las víctimas.
“Reiteramos que seguiremos trabajando como Estado, como institución, y como personas que representamos un papel importante dentro de la sociedad, para garantizar los principios constitucionales y legales que facultan a las autoridades nacionales de velar y preservar el derecho a la vida y el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional humanitario”, concluyó.
Caso de Juan Carlos Aguirre Macías
En el acto de perdón realizado de manera virtual, intervino Mauricio Aguirre a nombre de la familia de la víctima, Juan Carlos Aguirre Macías, quien expresó el profundo dolor que aún les embarga y recordó que Juan Carlos tenía una discapacidad en sus brazos que le impedía cargar un arma, que fue sacado de su vivienda en el barrio Santa Inés, en Neiva, y apareció muerto como si se hubiera enfrentado en combate con el Ejército.
“Les pido a los cuatro militares que sacaron de mi casa a mi hermano que digan la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y espero que hoy en día ellos no sigan laborando ni cometiendo atrocidades”, dijo.
Por su parte, Andrea Jiménez, coordinadora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio ‘Obsurdh’, se refirió al caso acotando que, “En el caso del señor Juan Carlos Aguirre, fue ejecutado por miembros del Ejército Nacional específicamente de la Novena Brigada. Él era padre de 4 hijos, trabajaba como comerciante y sus padres se enteraron 4 años después del asesinato de su hijo. Él fue sindicado como alias ‘El Cura’.
Según la coordinadora del Obsurdh, este acto de perdón que se llevó a cabo el día de ayer por parte del Ejército Nacional de la Novena Brigada de Neiva, en el marco de la sentencia administrativa deja varias impresiones.
“La primera es que es un acto que yo creo que deja más frustraciones que bondades al interior de la sociedad, fue poco para lo que la sociedad espera en el marco del reconocimiento del Ejército Nacional en estos hechos, donde el buen nombre y la dignidad no solamente de la persona que fue ejecutada sino de la familia lleva tantos años enlodada por la manera en que lo presentaron y se beneficiaron ellos de estas muertes”, sostuvo.
Sin embargo, admitió que esto es un avance en la lucha contra la impunidad que no solamente la familia sino también las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos han defendido desde el momento de ocurrencia de los hechos, no obstante, falta mucho más esfuerzo por estos reconocimientos y que estos actos tengan un contenido de perdón, reparación para las familias y sociedad.
Actualmente, en el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos llevan documentando y sistematizando casos de violaciones a los derechos humanos. Por tanto, desde 2006 hasta el momento tienen de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Huila 282 víctimas. Claramente, todas han sido puesta en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz
Igualmente, expresó que, “Cualquier acto de reconocimiento y perdón más allá de un acto tan informal como el que se presentó, debería no solamente convocar a la familia afectada, sino creo que se deben hacer un acto más amplio que vincule incluso otras familias afectadas por estos hechos o que hayan sido afectadas por las mismas unidades militares. Creo que debe contener de manera más profunda las voces de todas las víctimas. El daño que el Ejército ha hecho a todas las familias y la comunidad huilense con todas estas acciones no es posible cuantificarlas”.
Esta cifra de documentación de las víctimas se recoge desde 1985 hasta 2015. Entre tanto, desde esta fecha no han vuelto a tener información de hechos cometidos en el huila, pero también se conoce, que en el Putumayo ocurrió una masacre por parte del Ejército Nacional en la cual el comandante que hace el reporte de esta seccional fue el comandante, Edgar Alberto Rodríguez, un militar que está vinculado a hechos de ejecución extrajudicial en el Huila.
En el marco de la justicia administrativa, el nivel de impunidad en estos casos es la que termina adjudicándole a las familias un monto económico para reparar ese daño ocasionado, además, de estos actos de perdón. Por su parte, en el marco de la justicia penal, la fiscalía sigue investigando los casos que tiene hasta el momento.
Así se viene trabajando
“Alternamente, a partir del año 2017 cuando la JEP entra en funcionamiento en el marco de la firma del acuerdo de paz, se crea este mecanismo como parte integral del de verdad, justicia, reparación y no repetición. La JEP abre el caso 003 que son las muertes ilegítimas presentadas como dadas de baja en combate por parte de miembros de la fuerza pública. En el 2019 ellos abren el sub caso Huila y es allí donde el departamento tiene la oportunidad de buscar justicia transicional para esclarecer la verdad en los casos de sus familiares”, afirmó Andrea Jiménez.
Actualmente, desde el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio ‘Obsurdh’ están participando de esta justicia transicional con la JEP en la búsqueda de esta justicia tan negada por parte de la justicia ordinaria, en la búsqueda de verdad y esclarecer realmente lo que paso con las víctimas del Huila. Tanto las que ya tienen, más la que sigan saliendo porque esto es un subregistro, no es la cifra real total, pues diariamente vienen saliendo a la luz pública más casos, entonces las familias van tomando más fuerza para hablar y denunciar esos hechos ocurridos.
Contó también que, “El 16 y 17 de mayo tuvimos una audiencia pública con la jurisdicción en la ciudad de Neiva y estamos a la espera del resultado de la audiencia y un informe que presentamos ante la JEP para ver cuál es la decisión de la sala frente a los máximos responsables de estos hechos en el Huila, como se van a llevar a cabo las acciones con sentido reparador por parte de los militares que se han acogido a la jurisdicción que hasta el momento desde las organizaciones representantes de víctimas hemos analizado un total de 102 versiones rendidas por los militares vinculados a estos hechos”
Adicionalmente, vienen avanzando en ese proceso de restauración, pero sobre todo reparación integral a las familias y a sus seres queridos ejecutados a quienes su buen nombre le fue enlodado. Por tanto, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, siempre le ha apostado a la búsqueda de justicia, verdad y reparación integral.
“Los casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento han sido imperativos en el nivel de impunidad que ha existido desde ese entonces. Desde las instituciones vinculadas a estos hechos que empiecen a dar estos actos de perdón así sea en el marco de una sentencia administrativa es un avance, confiamos en la JEP y en que todas las víctimas se le garantice el derecho a la justicia. Seguimos trabajando con ellos de la mano y acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el Huila”, puntualizó
Finalmente, en el departamento de Huila los casos de falsos positivos, perpetrados por la fuerza pública se dan principalmente en municipios como Pitalito, Gigante, Garzón, Acevedo, Algeciras, Baraya, Isnos y Timaná. Aproximadamente, en 28 de los 37 municipios del Huila se presentaron ejecuciones extrajudiciales.
